Sin establecer un paralelismo directo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) llama a la vigilancia y a la rendición de cuentas para evitar que la historia se repita.

En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dedicada al conflicto en Sudán, en Ginebra, el responsable de velar por los derechos humanos en el mundo, Volker Türk, alertó sobre los riesgos de una repetición de esta ola de violencia intensa, durante la cual miles de personas fueron asesinadas en pocos días y decenas de miles más huyeron, aterrorizadas.

Aunque las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y sus aliados levantaron los asedios de Kadugli y Dilling, dos ciudades de Kordofán del Sur, en las últimas dos semanas, los ataques con drones continúan por ambas partes, causando «decenas de muertos y heridos entre los civiles».

«Estos últimos están expuestos a ejecuciones sumarias, a violencias sexuales, a detenciones arbitrarias y a la separación de su familia», dijo a los Estados miembros el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Según los documentos recopilados por la Oficina, en poco más de dos semanas, hasta el 6 de febrero, unos 90 civiles fueron asesinados y 142 resultaron heridos en ataques con drones llevados a cabo por las FAS y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

Estos ataques afectaron a un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA), mercados, establecimientos de salud y barrios residenciales en el sur y el norte de Kordofán.

© ACNUR/Mohammed Jalal

Las personas que recientemente huyeron de los combates en El Fasher y sus alrededores esperan ayuda en Tawila, en el estado sudanés de Darfur del Norte.

Las violencias en Kordofán reviven la tragedia de El Fasher

Estas violencias en Kordofán reavivan, dentro del Consejo de Derechos Humanos, el recuerdo aún ardiente de la tragedia de El Fasher. Si los contextos difieren, la Oficina inscribe su alerta actual en la continuidad de un drama reciente, cuyas cicatrices permanecen abiertas.

Desde su última intervención sobre El Fasher, el Alto Comisionado visitó el terreno para recoger los relatos de supervivientes de la ofensiva final. Sus equipos entrevistaron a más de 140 víctimas y testigos en el Estado del Norte y en el este del Chad.

«Todos ellos relataron masacres y ejecuciones sumarias de civiles y de personas que ya no participaban en las hostilidades, tanto dentro de la ciudad como entre quienes huían. Hablaron de violaciones y otras violencias sexuales, torturas y malos tratos, detenciones, desapariciones y secuestros por rescate», describió Türk.

En un ejemplo particularmente horrible, personas que huyeron a lugares distantes varios miles de kilómetros dieron testimonios coincidentes sobre la masacre de cientos de personas que se habían refugiado en la universidad de El Fasher. Otros informaron de ataques contra establecimientos de salud y profesionales sanitarios.

© Nezar Bogdawi

Un tanque destruido en Jartúm.

Escenario apocalíptico

Estos relatos, recogidos de supervivientes dispersos por la región, dibujan un mismo cuadro de violencias extremas. A lo largo de testimonios coincidentes, la descripción de las masacres de El Fasher se amplía a otras atrocidades, dirigidas tanto contra civiles como contra estructuras sanitarias y, según varios supervivientes, contra grupos por su pertenencia étnica.

«Hemos escuchado testimonios convincentes de que algunas víctimas fueron atacadas por su pertenencia étnica no árabe, en particular miembros de la etnia zaghawa. Supervivientes también declararon haber visto pilas de cadáveres a lo largo de las carreteras que llevan a El Fasher, en un escenario apocalíptico que una persona comparó con el Día del Juicio Final«, declaró Türk.

A estas escenas de masacres y persecución étnica se suma otro capítulo de las atrocidades documentadas por la ONU: el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra. Supervivientes relataron «testimonios coincidentes y desgarradores sobre violaciones colectivas y otras violencias sexuales cometidas contra mujeres y niñas».

Las personas que han huido de los combates en El Fasher han establecido campamentos en Tawila.

La ONU reclama un control total de las armas

Estas violencias se inscriben en un clima de odio cuidadosamente avivado, donde la retórica de los dirigentes legitima las atrocidades e inflama las fracturas étnicas.

Casi tres años después del inicio de la guerra entre facciones militares rivales, la Oficina recuerda que los discursos de odio suelen ser el catalizador de violencias de carácter étnico.

«Los dirigentes utilizan una retórica deshumanizante contra ciertas comunidades para justificar atrocidades, movilizar combatientes y profundizar las divisiones».

En este contexto de odio y violencias, la ONU urge a la comunidad internacional a actuar, comenzando por un control estricto de las armas y un embargo extendido sobre Sudán. Se trata de extender el embargo de armas en Darfur a todo Sudán.

«Todos los Estados influyentes deben hacer todo lo posible para promover los esfuerzos de mediación locales, regionales e internacionales, y para presionar a quienes se benefician de esta guerra absurda», insistió el jefe de derechos humanos de la ONU.

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El Secretario General de la ONU condenó enérgicamente el recrudecimiento de la violencia en Sudán del Sur y advirtió de que los civiles y los trabajadores humanitarios están pagando un precio devastador, ya que las operaciones humanitarias son cada vez más objeto de ataques.

En una declaración emitida por su portavoz adjunto, Farhan Haq, el responsable de la ONU afirmó que casi 10 millones de personas —más de dos tercios de la población— necesitan ahora asistencia humanitaria para sobrevivir y “siguen soportando el peso del conflicto”.

Expresó su profunda preocupación por los combates, los ataques y los saqueos que afectan a las instalaciones humanitarias y sanitarias, así como por las restricciones a la circulación y la inseguridad en las principales rutas de suministro.

Según la declaración, estas condiciones “están paralizando las operaciones humanitarias y cerrando servicios esenciales, lo que pone en grave peligro a la población civil, incluidos los trabajadores humanitarios”.

Ataques a los servicios de salud

Desde finales de diciembre, al menos 11 instalaciones sanitarias han sido atacadas solo en el estado de Jonglei, lo que ha interrumpido servicios críticos para comunidades que ya se encontraban en una situación muy difícil. Los ataques también han supuesto la incautación de 12 vehículos, incluida una ambulancia.

“Solo en la última semana”, señala el comunicado, se han producido “ataques repetidos contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un ataque aéreo contra un hospital gestionado por la importante ONG Médicos Sin Fronteras y el incendio de una oficina local de Save the Children y la destrucción de su centro de salud”.

El Secretario General afirmó que “este claro desprecio por las operaciones médicas y humanitarias es inaceptable y debe cesar”, y subrayó que dicha labor “debe facilitarse y respetarse”.

La violencia ha provocado desplazamientos masivos: según los informes, más de 370.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en lo que va de año, incluidas más de 280.000 en el estado de Jonglei, en medio de un brote de cólera que empeora rápidamente.

Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, obtuvo la independencia de Jartum en 2011, pero pronto se sumió en un brutal conflicto civil marcado por la rivalidad política, la violencia étnica y el repetido fracaso de los acuerdos de paz.

Es necesario poner fin a los combates de forma “inmediata y decisiva”

A pesar del acuerdo de 2018, la inseguridad y los combates localizados han seguido socavando la estabilidad y la recuperación.

El Secretario General de la ONU pidió a todas las partes que “detengan de forma inmediata y decisiva todas las operaciones militares”, reduzcan las tensiones mediante el diálogo, respeten el derecho internacional, protejan a los civiles y garanticen un acceso humanitario seguro y sostenido, incluida la seguridad de los trabajadores humanitarios y las fuerzas de paz de la ONU.

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 Desde el inicio de la guerra civil en Sudán, decenas de miles de refugiados han huido hacia esta zona, en el sur, llevando consigo lo poco que pudieron rescatar de sus hogares y el peso de la mayor crisis humanitaria del mundo.

En un sofocante día de noviembre, al comienzo de la estación seca, una mujer permanece de pie a la sombra de un árbol. Está junto a una tienda de plástico, entre las casas de techo de paja de Korsi, un barrio levantado apresuradamente en las afueras de Birao para absorber la oleada de recién llegados.

Nafeesa, como la llamaremos, cuenta que proviene de una ciudad cercana a Jartum, la capital sudanesa, a más de 1100 kilómetros de distancia.

Cuando estalló la guerra allí, en abril de 2023, ella y su familia se dirigieron hacia el oeste, al sur de Darfur, donde su marido abrió una pequeña tienda en un mercado local. Un día, hombres armados irrumpieron en el comercio y lo amenazaron. Él logró escapar pero lo siguieron hasta su casa.

Esa misma noche, los hombres regresaron para terminar el trabajo.
«Vinieron a buscarnos a la una y media de la madrugada», recuerda en árabe Nafeesa, cuyo nombre real ha sido cambiado para proteger su seguridad. “Él se levantó de la cama, pero le dispararon tres veces”.

Ella y su hijo de nueve años fueron atados mientras su marido agonizaba. «Se llevaron nuestro dinero, nuestras pertenencias y nuestra ropa».

Habla en voz baja, con las manos cubiertas de delicados dibujos de aleña, pero su rostro está endurecido por el duelo y el exilio.

Tras el asesinato, decidió abandonar Sudán junto con el resto de su familia.

La guerra se extiende

Los acontecimientos que cambiaron para siempre el rumbo de la vida de Nafeesa empezaron con la ruptura entre el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fattah al-Burhan, y el comandante paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Daglo.

Casi tres años después, lo que comenzó como una pugna por el poder en Jartum se transformó en un derramamiento de sangre a escala nacional. Cerca de 30 millones de personas han sido empujadas a una situación de emergencia humanitaria y más de 10 millones han huido de sus hogares, la mitad de ellas niños. Desde el verano de 2024, la hambruna se ha afianzado en varias zonas del país.

A finales de octubre de 2025, la guerra alcanzó un nuevo umbral. Tras más de 500 días de asedio, las FAR tomaron la ciudad de El Fasher, el último bastión del gobierno en Darfur del Norte. Cientos de miles de personas fueron desplazadas. Trascendieron informes de masacres con motivación étnica contra comunidades no árabes, violaciones masivas y ejecuciones sumarias.

Para muchos darfuríes, la violencia era inquietantemente familiar. Las FAR remontan sus orígenes a las milicias yanyauid que combatieron junto al gobierno sudanés durante la guerra de Darfur, hace más de dos décadas.

Aquel conflicto las enfrentó a las comunidades no árabes de la región —los fur, los masalit y los zaghawa—. Apenas unas semanas antes de la caída de El Fasher, la Corte Penal Internacional (CPI) condenó a Ali Muhammad Ali Abd-Al Rahman, un antiguo líder yanyauid conocido como Ali Kushayb, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur Occidental en 2003 y 2004. Los fiscales advirtieron que atrocidades similares se estaban cometiendo de nuevo en la actualidad, a menudo usando la violencia sexual como arma de guerra.

Noticias de las Naciones Unidas/Alban Mended de Leon

Fronteras sin barreras

Como Nafeesa, muchas personas que viven en Darfur cruzan hacia el sur, hasta la República Centroafricana, donde llegan a Am Dafock, un pueblo fronterizo asentado sobre un terreno pantanoso a dos horas de Birao.

«Vinieron a buscarnos a la una y media de la madrugada… Él se levantó de la cama, pero le dispararon tres veces ».

No hay valla ni barrera física que marque el final de un país y el comienzo del otro; solo un lecho de río seco que se extiende a lo largo de la línea invisible dibujada en los mapas.

La gente se desplaza libremente de un lado a otro, a pie, montando burros o con ganado. También cruzan hombres armados.

En palabras de Ramadan Abdel Kader, gobernador adjunto de la zona, la historia reciente del pueblo ha estado marcada por el miedo. «La población fue sumida en un sufrimiento absoluto», explica. Hombres sospechosos de ser combatientes de las FAR cruzaban la frontera para saquear, matar y aterrorizar a los habitantes.

En el punto álgido de la violencia, dice, hasta 11.500 personas —una gran parte de la población de Am Dafock— huyeron de sus hogares.

Encontraron refugio cerca de la base local de la MINUSCA, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana, que instaló un campamento en el pueblo fronterizo tras estallar la crisis sudanesa. «Si no fuera por su presencia aquí, esta localidad habría sido tomada por elementos armados provenientes de Sudán», afirmó el funcionario.

«Trabajamos en un contexto en el que el Estado aún se encuentra en proceso de reconstrucción».

Noticias de las Naciones Unidas/Alban Mended de Leon

Cuando la tierra se convierte en motivo de disputa

Esas tensiones, dijeron funcionarios locales y residentes a ONU Noticias, no se deben únicamente a la presencia de hombres armados cruzando desde Sudán. También ocurren por la competencia por la tierra y los recursos entre los pastores sudaneses, que huyen de la violencia con sus rebaños, y los agricultores centroafricanos, cuyos campos se encuentran a lo largo de las rutas de trashumancia, caminos tradicionales utilizados para mover el ganado en busca de pasto.

A medida que los criadores sudaneses se desplazaban hacia el sur con su ganado, los cultivos son pisoteados, los pozos sobreexplotados y los conflictos se multiplican.

Lo que antes era una fricción estacional pasó a confrontación, exacerbada por rumores, comerciantes oportunistas y la circulación de armas en una zona fronteriza ya de por sí volátil. Combatientes sospechosos de pertenecer a las FAR y otros elementos armados aprovecharon el caos.

Para septiembre, según Tamia Célestin, uno de los líderes comunitarios de Am Dafock, la situación alcanzó un punto crítico. «Registramos numerosos casos de violación», dijo. «Niñas jóvenes, algunas de 12 o 13 años, fueron atacadas. La gente tenía miedo de ir a sus campos ». Ese mes, los líderes locales contabilizaron seis cuerpos acribillados y casi 26 casos de violencia sexual.

Noticias de las Naciones Unidas/Alban Mended de Leon

El comandante Sifamwelwa Akalaluka, quien dirige los esfuerzos de participación comunitaria de la MINUSCA en Birao, habla con las mujeres en el mercado de las ciudades.

Hablando bajo los árboles 

En respuesta, la MINUSCA facilitó un diálogo transfronterizo, reuniendo a comunidades centroafricanas y sudanesas que habían estado conviviendo cara a cara —y cada vez con más conflictos. Del 27 al 30 de octubre de 2025, más de un centenar de delegados se reunió en Am Dafock, sentados en bancos y esterillas bajo los árboles, ante la ausencia de cualquier sala de reuniones formal.

Desde allí, líderes religiosos, jefes de aldea, comerciantes, miembros de comités de trashumancia y nueve mujeres se enfrentaron en un descampado polvoriento. «El diálogo no fue fácil», recuerda Célestin, quien participó en las conversaciones de tres días. «Pero la gente habló.» Se expresaron agravios. Se intercambiaron acusaciones. Se redefinieron límites —no en los mapas, sino con palabras. «Al final, acordamos que la violencia debía cesar».

Apenas dos semanas antes de la llegada de ONU Noticias a la zona se firmó un acuerdo local. Prohibía portar armas, reafirmaba los corredores de trashumancia para el ganado y comprometía a ambas partes a resolver sus disputas a través de comités locales en lugar de recurrir a la fuerza. Desde entonces, dijeron los residentes, los disparos habían cesado en su mayoría. Los campos volvían a cultivarse. La frontera permanecía abierta, pero más tranquila.

Am Dafock estaba llena de actividad por los preparativos para las próximas elecciones generales, mientras los habitantes se preparaban para elegir un alcalde oficial por primera vez en décadas, no se habían celebrado elecciones municipales en el país desde 1988.

El 28 de diciembre, los centroafricanos votaron abrumadoramente por el presidente en funciones, Faustin-Archange Touadéra, asegurándole un tercer mandato.

Para muchos residentes, la votación llevaba la promesa de normalidad, o al menos de continuidad, en una región que durante mucho tiempo había carecido de ambas.

Esa promesa, sin embargo, sigue siendo esquiva.

Noticias de las Naciones Unidas/Alban Mended de Leon

Los refugiados sudaneses en la República Centroafricana aprenden a trabajar en el campo para sobrevivir.

Esperando un lugar seguro

A finales de 2023, Nafeesa no permaneció mucho tiempo en Am Dafock, adonde había llegado con su familia tras el asesinato de su marido. Como miles de otros sudaneses que buscaban alejarse de la guerra, la inseguridad en la frontera la empujó a continuar hacia Birao.

Allí, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) trabaja con las autoridades locales para registrar a los recién llegados y organizar su supervivencia. «Nos dieron mantas y colchones para mis hijos», dijo. «Me dieron la casa en la que estoy viviendo ahora»

Hoy, más de 27.000 refugiados sudaneses viven en Birao y sus alrededores, una cifra abrumadora para un pueblo que cuenta con menos de 18.000 habitantes propios. «Esta es una situación bastante inusual», explica Jofroy Fabrice Sanguebe-Nadji, miembro del personal de ACNUR sobre el terreno.

«La llegada de un número significativo de refugiados ha puesto presión sobre recursos que ya eran limitados de por sí». El agua y los servicios básicos se han vuelto escasos.

«Entraron de noche y mataron al niño. No pudimos encontrarlo».

En Korsi, el barrio de refugiados donde ahora vive Nafeesa, las organizaciones humanitarias han creado un delicado ecosistema. «Esto no es un campamento», explica Sanguebe-Nadji. «Es un enfoque fuera del campamento, donde los refugiados conviven junto a la comunidad de acogida ».

Aun así, la mayoría de los residentes siguen dependiendo de la ayuda humanitaria —asistencia alimentaria, materiales para refugio, acceso a atención sanitaria y educación— incluso mientras el apoyo financiero disminuye. «La principal dificultad hoy», agregó el funcionario, «es la falta de financiación».

Nafeesa sobrevive vendiendo cualquier pequeño producto que pueda encontrar. «Me dieron una pequeña mesa para el mercado», dijo. «Gracias a Dios, la vida está bien ».

Sin embargo, la seguridad sigue siendo un problema. Aunque el acuerdo firmado en Am Dafock ha reducido las tensiones intercomunitarias a lo largo de la frontera, la violencia todavía se filtra, incluso aquí, en Birao. «El otro día mataron a un niño en el campamento», explica Nafeesa. «Entraron de noche y mataron al niño. No pudimos encontrarlo».

Regresar a Sudán con su madre e hijos está fuera de discusión, al menos por ahora; la guerra se ha llevado su pasado. Pero quedarse en Birao tampoco está garantizado. Sin protección duradera y empleo estable, el desplazamiento sigue siendo una solución temporal, no una solución a largo plazo.

Y así, Nafeesa espera. Como la calma tensa a lo largo de la frontera sudanesa, su refugio perdura, por ahora.

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Las graves inundaciones en el sur y centro de Mozambique han afectado a más de medio millón de personas, sobre todo en las provincias de Gaza, Maputo y Sofala, informó este martes la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA).

En conferencia de prensa desde Xai Xai, Mozambique, la jefa de OCHA en ese país reportó que las lluvias persistentes, sumadas a las continuas descargas de agua de las presas para evitar fallas estructurales, han provocado una catástrofe en la que las inundaciones generalizadas empeoran a cada momento.

Paola Emerson dijo que los daños han sido extensos, con numerosas viviendas derrumbándose tras días de lluvia. 

“Las instalaciones sanitarias, las carreteras y otras infraestructuras críticas también se han visto gravemente afectadas. Casi 5000 kilómetros de carreteras en nueve provincias han sufrido daños, incluida la principal autopista que conecta la capital, Maputo, con el resto del país, lo que ha interrumpido el acceso a las zonas afectadas y las cadenas de suministro”, explicó Emerson.

Según las autoridades locales, se han perdido más de 27.000 cabezas de ganado, lo que agrava aún más la inseguridad alimentaria y los ingresos de las familias.

Respuesta a la emergencia

Emerson señaló que el Gobierno de Mozambique lidera la respuesta a la emergencia y lleva a cabo operaciones de búsqueda, rescate y traslado a zonas más seguras con el apoyo de los socios humanitarios. 

Por ahora hay 51 centros de refugio temporal operativos que albergan a más de 50.000 personas desplazadas en el país, incluidas unas 38.000 solo en la provincia de Gaza.

Las aguas de las inundaciones han anegado la ciudad de Xai-Xai, cerca del río Limpopo, lo que ha provocado evacuaciones y alertas de seguridad pública, incluidas advertencias sobre el riesgo de que haya cocodrilos en las zonas inundadas.

Amenaza mortal para los niños

También desde Mozambique, el jefe de Comunicaciones del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) indicó que el desastre se intensifica amenazando de muerte a los niños.

Guy Taylor agregó que, por si fuera poco, la inminente temporada de ciclones genera otra crisis en el país.

Taylor precisó que de los cerca de 513.000 damnificados, más de la mitad son niños, muchos de los cuales viven en refugios temporales abarrotados. 

“El acceso a agua potable, atención médica, nutrición y educación es incierto en las zonas afectadas, y los niños se enfrentan a un mayor riesgo de enfermedades, desnutrición y problemas de protección, especialmente las niñas”, detalló.

Además, abundó Taylor, la temporada de ciclones y los de por sí elevados niveles de desnutrición infantil hacen que las enfermedades transmitidas por el agua y la escasez de alimentos se conviertan en peligros mortales para los niños.

Las lluvias continuas podrían aumentar el número de siniestrados

UNICEF trabaja con el gobierno y sus socios para proporcionar servicios de emergencia de agua, saneamiento, salud, nutrición, educación y protección infantil, particularmente en las provincias de Gaza y Sofala. 

“Sin embargo, las continuas lluvias torrenciales, el desbordamiento de los ríos y la infraestructura dañada amenazan con aumentar el número de niños y familias afectadas”, lamentó Taylor, y subrayó que se precisa apoyo urgente para prevenir enfermedades, muertes y daños a largo plazo en los niños, que representan más de la mitad de la población de Mozambique. 

Apoyo de la ONU

El pasado 17 de enero, el Gobierno de Mozambique solicitó formalmente el apoyo de ONU en materia de transporte aéreo, operaciones de rescate, logística, ingeniería civil y tareas de gestión de desastres para restablecer las rutas de acceso y brindar asistencia humanitaria a las zonas de difícil acceso. 

Las restricciones de acceso y la falta de financiamiento siguen siendo los principales desafíos, ya que los ríos se han desbordado y las carreteras clave que conectan los puertos con las regiones afectadas son intransitables. 

Los socios humanitarios están explorando alternativas de acceso, incluidas las rutas marítimas. Los socios humanitarios están intensificando la asistencia vital, centrándose en los centros de alojamiento superpoblados, los servicios de protección, el agua y el saneamiento, y las evaluaciones en zonas inaccesibles. 

Las agencias de la ONU recalcaron que se necesitan recursos adicionales con urgencia, ya que el llamamiento de 352 millones de dólares para apoyar a las personas afectadas por el conflicto en el país no ha recibido los fondos requeridos. 

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La fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shamim Khan, afirmó este lunes que las evidencias indican que en El Fasher, la capital de Darfur del Norte, se habrían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, particularmente a finales de octubre pasado.

En una sesión del Consejo de Seguridad sobre el trabajo de la CPI en Darfur, Shamim Khan advirtió que esa región sudanesa es sometida actualmente a torturas masivas, y añadió que la caída de El Fasher en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido estuvo acompañada de una campaña organizada y sistemática de sufrimiento extremo, dirigida en particular contra las comunidades no árabes, que incluyó violaciones, detenciones arbitrarias, ejecuciones y fosas comunes, todos estos crímenes perpetrados a gran escala.

Shakim Khan explicó que “los videos analizados por la Fiscalía muestran un patrón similar a los crímenes observados anteriormente, presuntamente cometidos por los perpetradores en otras zonas de Darfur, incluyendo la detención, el maltrato y el asesinato de personas de tribus no árabes. Se ve a miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido celebrando ejecuciones sumarias y profanando cadáveres”.

Violencia sexual como arma de guerra

La fiscal adjunta expuso las investigaciones sobre lo sucedido en El Geneina, en Darfur, en 2023, e informó que los testigos entrevistados por su Oficina proporcionaron pruebas de ataques contra campamentos de desplazados internos, saqueos, embestidas indiscriminadas contra civiles, detenciones, crímenes de género y crímenes contra niños.

Shamim Khan sostuvo que las evidencias demuestran que los patrones de atrocidades en El Geneina en 2023 se repitieron en El Fasher en 2025. “Esta criminalidad se está repitiendo en una ciudad tras otra en Darfur y la situación continuará hasta que se detenga este conflicto y la sensación de impunidad que lo alimenta”, advirtió.

Según las investigaciones de la Fiscalía, la violencia sexual, incluida la violación, “se está utilizando como arma de guerra en Darfur”.

En este sentido, Shamim Khan dijo que la investigación sistemática y eficaz de estos crímenes seguirá siendo una prioridad.

Se refirió asimismo a los informes sobre crímenes presuntamente cometidos por el ejército sudanés, recalcando que “todas las partes involucradas en el conflicto deben garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional y abstenerse de atacar a la población y las instalaciones civiles”.

Paso importante hacia la justicia

Shamim Khan calificó como “un paso importante, aunque inicial, hacia el logro de la justicia” la condena de la Corte Penal Internacional a Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, también conocido como «Ali Kushayb», por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur, incluyendo asesinato, tortura y atentados contra la dignidad humana.

“Hoy le aseguramos al pueblo de Darfur, a todas las víctimas de Darfur y al Consejo de Seguridad, que esta primera condena será vista en el futuro no solo como un acontecimiento histórico, sino como un incentivo para lograr una rendición de cuentas más amplia y profunda por los crímenes cometidos contra la gente en Darfur”.

La fiscal adjunta destacó algunos avances importantes en la cooperación con diversos socios, que sentaron las bases para el progreso alcanzado. Sin embargo, señaló que las investigaciones de la Fiscalía” aún enfrentan obstáculos importantes, incluyendo el acceso limitado a testigos relevantes y la falta de acceso seguro a las escenas del crimen”.

Shamim Khan aseveró que los países pueden desempeñar un papel de apoyo fundamental en la labor de su Oficina compartiendo imágenes satelitales y otra información y datos, así como identificando a miembros de la comunidad de Darfur en el extranjero, realizando entrevistas, y asignando expertos nacionales en campos técnicos especializados que respalden las actividades analíticas de la Fiscalía.

Sanciones contra funcionarios de la Corte

Por otra parte, la fiscal adjunta reiteró el llamado a detener todos los intentos de obstaculizar su trabajo, incluyendo las sanciones u órdenes de arresto contra funcionarios de la CPI, precisando que su Oficina “no tiene tiempo que perder en los esfuerzos por lograr justicia para las comunidades de Darfur”.

Asimismo, destacó los avances en la comunicación de la Fiscalía con las autoridades sudanesas, con mayores compromisos de cooperación.

Sudán, en un abismo inimaginable a causa de la guerra

En tanto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indicó que los casi tres años de guerra han sumido a Sudán en un abismo de dimensiones inimaginables.

Tras una visita de cinco días a ese país, Volker Türk recordó que los derechos humanos deben ser el eje central de los esfuerzos para poner fin a los combates y construir una paz duradera en Sudán.

En declaraciones a la prensa en Kenya, Türk lamentó “la crónica de crueldad que ocurre ante nuestros ojos”, y urgió a “todos aquellos que tienen alguna influencia, incluidos los actores regionales y, en particular, quienes suministran las armas y se benefician económicamente de esta guerra”, a tomar medidas para poner fin al conflicto.

Espíritu de lucha por la paz

Türk aludió, no obstante al sólido espíritu de los sudaneses, argumentando que si bien la guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha devastado al país entero, “el espíritu de la lucha por la paz, la justicia y la libertad… no se ha quebrado”.

“En Sudán fui testigo del trauma de la brutalidad indescriptible que ha sufrido la gente, pero también de la resiliencia y la determinación del espíritu humano”, acotó.

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Según una nota de análisis publicada en enero por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el choque financiero provocado por esta retirada precipitada ha provocado un rápido colapso de las capacidades humanitarias en varias provincias de la República Democrática del Congo (RDC).

En 2025, las necesidades humanitarias del país alcanzaban los 2500 millones de dólares para ayudar a cerca de 11 millones de personas. Pero al 8 de enero de 2026, solo se habían movilizado 605 millones de dólares, es decir, apenas una cuarta parte de los montos requeridos, con una caída de más de la mitad en comparación con el año anterior.

Principal donante del país en 2024, con 920 millones de dólares que representaban cerca del 66% del plan de respuesta humanitaria, Estados Unidos redujo su contribución a unos 142 millones en 2025, una caída del 85%. Washington sigue siendo el primer donante, pero su descompromiso parcial ha desorganizado sectores enteros de la respuesta humanitaria.

Un sistema de salud al borde de la ruptura

La salud concentra los efectos más inmediatos de estos recortes. La suspensión de los financiamientos estadounidenses en este sector ha provocado un colapso sistémico de las capacidades sanitarias en varias provincias. Más de 1,5 millones de personas han perdido el acceso directo a cuidados esenciales, y más de diez organizaciones internacionales se han visto obligadas a reducir o cesar sus actividades.

En numerosas zonas, las estructuras de salud han cerrado o funcionan a ralentí. Consultas limitadas, escasez de medicamentos esenciales, suspensión de la atención prenatal y de la atención a las sobrevivientes de violencia sexual: los efectos se acumulan. Prolongadas rupturas de suministro de antipalúdicos afectan a decenas de zonas de salud, provocando muertes relacionadas con paludismos no tratados. Las capacidades de respuesta a las epidemias de cólera, sarampión y mpox se han visto considerablemente debilitadas, especialmente en el este del país.

Los programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis y el paludismo, así como las campañas de vacunación y los servicios de salud materna, sufren importantes restricciones. El riesgo de mortalidad materna y neonatal se ve así incrementado.

Mujeres y niñas sin red de protección

Las consecuencias son particularmente graves para las mujeres y las niñas. Los proyectos de lucha contra la violencia basada en el género se han reducido a la mitad, pasando de más de 730 en 2024 a unos 370 en 2025. La cobertura sanitaria, por su parte, pasó de unas 152 zonas de salud a menos de 100 en un año, es decir, una disminución de más de un tercio.

En varias zonas de conflicto, especialmente en Ituri, los mecanismos formales de documentación y alerta de las violaciones han desaparecido. Las sobrevivientes de violencia sexual se encuentran privadas de atención médica, apoyo psicosocial y protección jurídica.

La educación y la infancia en primera línea

La contracción de los financiamientos también afecta a la educación, con una caída de alrededor del 48% de los recursos. Parte de los fondos destinados a la educación en situaciones de emergencia se redujo a la mitad, con proyectos acortados y una disminución notable del número de provincias objetivo. En el este del país, millones de niños ven interrumpida su escolaridad, lo que incrementa los riesgos de reclutamiento por grupos armados, trabajo infantil, matrimonios precoces y violencia de género.

En 2025, la suspensión de los financiamientos estadounidenses también provocó el cierre de 1178 centros de atención de la malnutrición aguda en cincuenta zonas de salud. Cientos de miles de niños afectados por malnutrición aguda severa o moderada perdieron el acceso a la atención: cerca de 392.000 niños que sufren malnutrición aguda severa y más de un millón con malnutrición aguda moderada ya no serán atendidos.

En un país donde 25 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales más de 10 millones en el este, la respuesta humanitaria se contrae al mismo tiempo que las necesidades siguen creciendo.

Una ayuda recentrada en la supervivencia

Frente a la magnitud de la crisis, las autoridades congoleñas y los socios humanitarios han iniciado una restructuración de la respuesta. La ONU y la RDC lanzaron un reajuste humanitario con el objetivo de concentrar la ayuda en las necesidades vitales más urgentes. El presupuesto del plan de respuesta humanitaria se redujo de 2500 a 1400 millones de dólares.

Pero este cambio se asemeja a una línea de cresta. Sin una reacción rápida de los donantes, advierten las agencias humanitarias, la ayuda ya no podrá cumplir su mandato mínimo: proteger a los civiles y preservar la dignidad humana.

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Las agencias humanitarias marcaron este viernes los mil días de guerra en Sudán con un sombrío recordatorio de que el conflicto ha creado la mayor crisis de hambre y la mayor emergencia de desplazamiento del mundo. 

Cada día, los civiles han estado pagando “el precio de una guerra que no eligieron», declaró la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los últimos datos de la ONU indican que 9,3 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en todo el país y más de 4,3 millones han huido a través de las fronteras, lo que ejerce una presión inmensa sobre los países vecinos. Se estima que más de 21 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda en todo el país.

Aunque muchos de los desplazados han regresado a la capital, Jartum, persisten enormes desafíos y peligros para los civiles, incluidos los derivados de las armas sin explotar. En otras zonas, los combates continúan en múltiples frentes en Kordofán, más al oeste, dijo el portavoz de la OCHA, Jens Laerke.

En conferencia de prensa en Ginebra, Laerke señaló que los asedios han aislado las ciudades de Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, y Dilling, una ciudad al norte de Kadugli, restringiendo el acceso a alimentos y atención médica.

Ataques diarios con drones y misiles 

En Darfur, mientras tanto, “continúan los combates en tierra y los ataques con drones desde el aire”, y también se han registrado ataques de largo alcance contra infraestructura civil mucho más allá de las líneas del frente, añadió Laerke.

Los niños siguen muriendo y resultando heridos en medio de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Una embestida en Al Obeid, Kordofán del Norte, a principios de esta semana, habría dejado ocho niños muertos.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde que comenzó el conflicto en abril de 2023 han sido desplazados 5000 niños. “Muchos han sido desarraigados no una, sino varias veces, con la violencia persiguiéndolos dondequiera que huyan”, detalló el portavoz de UNICEF.

Ricardo Pires advirtió que millones de niños también corren el riesgo de sufrir violaciones, entre las víctimas se incluyen bebés. “Detrás de cada una de estas cifras hay un niño, asustado, hambriento, enfermo y preguntándose por qué el mundo no ha venido a ayudar”, apuntó Pires. 

Violencia sexual

Las mujeres también son víctimas de la violencia y el abuso sexual generalizados, con unos doce millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, en riesgo de sufrir violencia de género, apuntó OCHA. 

“Los hogares encabezados por mujeres tienen ahora tres veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria, y tres cuartas partes de estos hogares informan no tener suficiente para comer”, explicó Laerke.

La crisis mundial de financiamiento humanitario ha afectado el trabajo de la ONU y de sus socios en Sudán, ya que solo el 36% de los 4200 millones de dólares solicitados el año pasado fueron finalmente financiados por los donantes.

Ante esta reducción del apoyo financiero, para 2026, OCHA tiene como objetivo ayudar a 20 millones de personas de los casi 34 millones que se estima que necesitan asistencia humanitaria en Sudán. El plan tiene un costo estimado de 2900 millones de dólares.

“Hoy nuestro llamamiento es urgente: en primer lugar, un cese inmediato de las hostilidades y medidas concretas hacia una paz duradera”, subrayó Laerke, quien, además, instó a respetar el derecho internacional humanitario, “con acceso facilitado a través de las líneas de conflicto y protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y la infraestructura civil”.

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La representante especial para los Niños y los Conflictos Armados, Vanessa Frazier, llamó este martes a los líderes mundiales a que escuchar a los niños afectados por la guerra y a tomar medidas concretas para proteger sus derechos, en un contexto marcado por niveles alarmantes de violencia contra la infancia.

El llamado se produce tras un 2025 en el que, según datos de la ONU, niños y niñas sufrieron “niveles espantosos” de violaciones graves en países como la República Democrática del Congo, Gaza, Haití, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán y Ucrania, entre otros. 

Los abusos no pueden normalizarse

Frazier señaló que los abusos de este año se hilan a los de 2024, el peor año registrado para los niños afectados por conflictos armados desde que se inició el monitoreo de esas violaciones, hace casi tres décadas.

En su declaración, Frazier subrayó que los atropellos no pueden normalizarse y pidió actuar con determinación de cara a 2026. 

“No podemos cambiar 2025, pero podemos actuar y ser firmes para cambiar la situación de los niños afectados por los conflictos armados en 2026”, afirmó.

La representante especial instó a los líderes a atender las voces de los niños que viven la guerra, cuyas historias deben ayudar a moldear el futuro que ellos desean. 

Crímenes de guerra

Frazier recordó que la protección de la niñez en contextos de guerra no es solo una opción moral o política, sino una obligación jurídica. Señaló que las violaciones a los derechos de los niños en conflictos armados pueden constituir crímenes de guerra y pidió a las partes en conflicto respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, detener las violaciones, liberar a los niños y llevar a los responsables ante la justicia.

La funcionaria también llamó a mantener e incluso reforzar el financiamiento destinado a la protección infantil, el monitoreo, la respuesta humanitaria, la justicia y la recuperación a largo plazo, así como a invertir en la construcción de paz y la prevención de conflictos.

En el marco del próximo 30º aniversario del mandato de Niños y Conflictos Armados, Frazier cerró su declaración con las palabras de un niño afectado por la guerra: “Un niño protegido es un futuro seguro”. 

Finalmente, reiteró su exhortación a adoptar medidas firmes para construir un futuro en el que todos los niños tengan una oportunidad real de vivir en paz, aprender y prosperar.

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Desde la toma de El Fasher a finales de octubre por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), casi 20.000 sudaneses han cruzado la frontera con Chad para huir de la escalada de violencia que está asolando la región de Darfur, en el oeste de Sudán.

Un éxodo diario, compuesto en gran parte por mujeres y niños, acentúa una crisis humanitaria ya extrema y obliga a las autoridades sudanesas a extender hasta el 31 de marzo la apertura del puesto fronterizo de Adré, que se ha convertido en un eje vital para la entrega de ayuda.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 7500 familias han sido registradas a lo largo de la frontera oriental de Chad. Entre el 22 y el 28 de diciembre, 1900 personas adicionales entraron al país desde Sudán, cerca de la media semanal observada durante diciembre.

El ritmo de llegadas no disminuye: unas 250 personas al día. «Dada la volátil e impredecible situación de seguridad en Darfur, combinada con el deterioro económico y el desplazamiento masivo, se espera que los movimientos transfronterizos hacia Chad continúen en las próximas semanas», advierte ACNUR en su último informe.

Los refugiados llegan exhaustos, a menudo traumatizados, necesitando protección inmediata y ayuda vital. «Los principales factores que impulsan el desplazamiento incluyen la inseguridad generalizada, la violencia sexual, el reclutamiento forzado, la extorsión, la delincuencia desenfrenada, las restricciones al movimiento y las tensiones étnicas, todo agravado por el conflicto generalizado», dijo el organismo de la ONU.

El puesto fronterizo de Adré, un eje humanitario

Ante la magnitud de las necesidades, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha acogido con satisfacción la decisión de las autoridades sudanesas de reubicarse de la capital, Jartum, a Puerto Sudán, en el Mar Rojo, y la de ampliar la apertura del paso fronterizo de Adré que conecta Sudán con Chad.

«Celebramos la decisión de Sudán de extender el acceso humanitario a través del puesto fronterizo de Adré con Chad durante tres meses, hasta el 31 de marzo, que es una ruta de suministro vital para la entrega de ayuda», afirmó la agencia en la red social X.

Cerrado durante los primeros meses de la guerra civil, este punto de cruce fue reabierto el 15 de agosto de 2024 por un periodo inicial de tres meses. Su extensión sucesiva ha permitido el tránsito de convoyes humanitarios hacia Darfur y Kordofán, mientras que grandes áreas siguen siendo inaccesibles debido a los combates.

El conflicto sudanés comenzó en abril de 2023 a raíz de la ruptura entre el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Ejército sudanés, y Mohamed Hamdan Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que se había convertido en un elemento central para el aparato de seguridad del país. El estallido del conflicto ha roto la transición que comenzó tras la caída del dictador Omar al-Bashir.

Casi tres años de guerra han sumido a 30 millones de personas en una angustia humanitaria y han obligado a más de diez millones de ellas, aproximadamente la mitad niños, a huir de los horrores de los combates. Las RSF, en particular, han sido acusadas por varios funcionarios de la ONU de atrocidades masivas en Darfur y el vecino Kordofán, especialmente ejecuciones motivadas por la etnia contra comunidades no árabes del país.

Primera misión a El Fasher en más de 500 días

Fue en este contexto que, tras largas negociaciones, la ONU pudo llevar a cabo una misión de evaluación de seguridad en El Fasher el 26 de diciembre, la primera desde que las RSF capturaron la capital de Darfur del Norte tras más de 500 días de asedio.

Los equipos de la ONU pasaron varias horas sobre el terreno, incluido el hospital saudí, y hablaron con civiles atrapados en la ciudad. Han experimentado una grave falta de suministros médicos y servicios básicos. Los convoyes humanitarios que transportan alimentos y bienes esenciales han estado bloqueados durante meses en las afueras de la urbe.

Cientos de miles de civiles han huido de la ciudad y sus alrededores, mientras que los actores humanitarios intentan mantener una ayuda mínima a quienes han logrado escapar.

Registrar la desnutrición infantil

Además de esta espiral de violencia y desplazamiento, existe un colapso nutricional de una escala rara vez documentada. Una encuesta nutricional exhaustiva realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Um Baru, Darfur del Norte, revela que más de la mitad de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición aguda, una condición potencialmente mortal que puede llevar a la muerte en pocas semanas sin tratamiento.

Realizada entre el 19 y el 23 de diciembre con casi 500 niños, la encuesta estableció una tasa global de desnutrición aguda del 53%. Casi una quinta parte de los niños observados sufría desnutrición aguda severa, una condición potencialmente mortal que puede provocar la muerte de un niño en cuestión de semanas si no se trata. El nivel de desnutrición infantil es más de tres veces superior al umbral de emergencia del 15% de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y está entre los más altos jamás observados en una encuesta estandarizada de nutrición.

«Cuando la desnutrición aguda grave alcanza tal nivel, el tiempo se convierte en el factor más crítico», advirtió la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en un comunicado el martes. «Los hijos de Um Baru están luchando por sobrevivir y necesitan ayuda inmediata. Cada día sin acceso seguro y sin obstáculos aumenta el riesgo de que se debiliten aún más y mueran por causas totalmente evitables».

UNICEF destaca que muchas familias en Um Baru son personas desplazadas recientemente que han huido de la intensificación de los combates en El Fasher. Muchos niños no han sido vacunados contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles, en medio de una inseguridad persistente que dificulta el acceso humanitario y retrasa la entrega de asistencia vital.

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La violencia sexual contra niños y adolescentes es “endémica, sistémica y está empeorando” en la República Democrática del Congo (RDC), advirtió el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en un nuevo informe que documenta un alarmante aumento de casos en todo el país, tanto en zonas de conflicto como en comunidades urbanas y rurales.

Solo en los primeros nueve meses de este año, los servicios de protección y atención a la violencia de género, registraron más de 35.000 casos de violación y agresión sexual contra menores de edad. 

En 2024, la cifra alcanzó casi 45.000 casos, lo que representó cerca del 40% de todos los casos de violencia sexual reportados en el país, un nivel tres veces superior al registrado en 2022.

Cifras por debajo de la realidad

UNICEF indicó que estas cifras reflejan solo una parte de la magnitud real del problema, puesto que el temor a represalias, el estigma social, la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos impiden que muchos sobrevivientes denuncien los abusos o busquen ayuda, por lo que el número real de víctimas sería considerablemente mayor.

“La violencia sexual contra los niños se repite de manera constante en todas las provincias”, señaló la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Nuestros equipos describen a madres que caminan durante horas para llegar a una clínica con hijas que ya no pueden caminar tras una agresión. El miedo al estigma y a las represalias mantiene a muchas familias en silencio”.

El informe identifica patrones claros por región. La mayoría de los casos se concentran en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, donde el conflicto armado, los desplazamientos forzados y el debilitamiento de los sistemas de protección incrementan el riesgo para los niños. Sin embargo, también se registran cifras significativas en Kinshasa y en la región de Kasai, donde la pobreza, la inseguridad alimentaria y el abandono escolar aumentan la vulnerabilidad de las niñas a la explotación y al matrimonio precoz.

Las adolescentes, las más afectadas

Las adolescentes son el grupo más afectado en todo el país y representan una proporción creciente de las víctimas. Aunque los niños también sufren violencia sexual, permanecen ampliamente subrepresentados en los registros oficiales. 

Los niños con discapacidad enfrentan riesgos adicionales, tanto por barreras físicas y sociales como por las dificultades para acceder a atención médica y justicia.

Consecuencias devastadoras

Datos verificados por la ONU muestran que la situación ya era grave en 2022 y 2023, y que en 2024 los casos aumentaron cerca de un 30%. Las cifras preliminares de 2025 indican que, en solo seis meses, los casos reportados podrían superar el 80% del total documentado el año anterior.

Las consecuencias para las víctimas son devastadoras: lesiones físicas graves, embarazos no deseados, mayor riesgo de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de daños emocionales profundos como ansiedad, depresión y exclusión social, incluso dentro de sus propias familias.

Apoyo psicosocial y espacios seguros

UNICEF, junto con el gobierno congoleño y organizaciones asociadas, brinda atención clínica, apoyo psicosocial, espacios seguros y gestión de casos. Entre 2022 y 2024, el número de niños sobrevivientes asistidos aumentó un 143%, hasta superar los 24.200 en 2024. No obstante, la inseguridad y los recortes de financiamiento global han obligado al cierre o reducción de muchos programas. A mediados de 2025, solo el 23% de las intervenciones contra la violencia de género contaban con financiamiento.

Ante este panorama, UNICEF instó a las autoridades, a las partes en conflicto y a la comunidad internacional a prevenir la violencia sexual, reforzar los servicios especializados, garantizar la rendición de cuentas y aumentar de forma sostenida la inversión en protección infantil. 

“Los perpetradores deben rendir cuentas y los niños deben recibir protección y apoyo inmediato”, enfatizó Russell.

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