La mitad de la población no tiene suficiente para comer y la malnutrición infantil está aumentando considerablemente. Los esfuerzos humanitarios se ven obstaculizados por la inseguridad y el bloqueo de las vías de acceso. 

Según la ONU, seis millones de personas de la población de Haití, que ronda los 11,4 millones, necesitarán algún tipo de ayuda humanitaria en 2026.

Por qué es importante financiar Haití

La ayuda humanitaria en Haití es un salvavidas para millones de personas. El Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas para 2026 solicita 880 millones de dólares para ayudar a 4,2 millones de esos seis millones de personas vulnerables. El objetivo es cubrir servicios básicos de emergencia alimentaria, alojamiento, protección, salud y educación. 

Sin estos recursos, las operaciones esenciales para salvar vidas, como el apoyo nutricional para los niños y los servicios de protección para las mujeres y las niñas, no pueden llegar a todas las personas que lo necesitan. 

Las agencias de la ONU subrayan que es esencial contar con fondos suficientes de los donantes, no solo para salvar vidas, sino también para estabilizar las comunidades devastadas por la violencia y los desplazamientos.

Así, la violencia ejercida por grupos armados ha obligado a huir 1,4 millones de personas, al 12 % de la población, dejándolas sin asistencia sanitaria ni seguridad, y a los niños, sin educación.

© UNOCHA/Giles Clarke

Miles de personas han muerto como consecuencia de la violencia de las bandas en la capital de Haití, Puerto Príncipe.

¿Qué dice la ONU?

La máxima responsable humanitaria de la ONU en el país caribeño, Nicole Boni Kouassi, afirmó que se necesitaba un alto nivel de financiación “para preservar la vida y la dignidad de todos los haitianos y mantener viva la esperanza de las generaciones más jóvenes”. 

En agosto de 2025, el Secretario General de la ONU, António Guterres, se dirigió a los donantes y afirmó que “Haití sigue siendo vergonzosamente ignorado y lamentablemente carente de fondos”.

¿Qué servicios se han reducido?

• el acceso regular a comida
• el acceso al agua potable
• la atención primaria de salud
• la educación
• los servicios de protección social

© US Coast Guard

Un niño rescatado en el mar de un barco de migrantes es entregado a las autoridades haitianas por la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Por qué es tan difícil recaudar fondos

Pese a la magnitud de las necesidades, el llamamiento humanitario de Haití está entre los menos financiados del mundo. En 2025, la ONU solicitó 908 millones de dólares, pero solo consiguió el 24 % de esa cantidad. 

La acumulación de crisis globales, el cansancio de los donantes y la atención puesta en otras emergencias, como las de Sudán, Ucrania y Gaza, han dejado a Haití sin los recursos necesarios.

La falta de financiación también pone en peligro operaciones esenciales, como los servicios aéreos humanitarios, que a menudo son el único medio para llegar a comunidades aisladas.

El resultado: las agencias de la ONU se ven obligadas a dar prioridad a los casos más urgentes, mientras que muchos se quedan sin asistencia.

Consecuencias 

La carencia de fondos está poniendo en riesgo la estabilidad más allá de sus fronteras. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas advirtió de que la violencia descontrolada, los desplazamientos masivos y la falta de servicios básicos alimentan:

• la migración irregular 

• una mayor presión sobre los países vecinos

• el debilitamiento de la cooperación regional en materia económica y de seguridad 

Una inestabilidad persistente también aumenta la probabilidad de crisis secundarias, como emergencias de salud pública y delitos transfronterizos, con efectos en cadena en todo el Caribe y las Américas.

En este contexto, la participación de los donantes es una inversión en la resiliencia regional.

PMA/Pedro Rodrigues

Los camiones que transportan ayuda a los haitianos se cargan en barcos para evitar las zonas controladas por las bandas.

¿Qué pasará después?

A finales de 2025, la ONU lanzó oficialmente el Plan de Respuesta Humanitaria de Haití para 2026, en el que instaba a los gobiernos y socios a aumentar sus compromisos para preservar la vida y la dignidad en medio de la violencia.

Las agencias de ayuda humanitaria tienen previsto ampliar la asistencia alimentaria, restablecer los servicios básicos, reforzar la protección de los grupos vulnerables y sentar las bases para una recuperación a más largo plazo. 

Pero si no se financia el Plan, empeorarán las condiciones de vida de millones de haitianos y las necesidades humanitarias aumentarán. A principios de febrero, el llamamiento para 2026 había recibido menos del 4 % de la financiación solicitada.

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La ONU advirtió el miércoles sobre un posible «colapso» humanitario en Cuba, tras el intento de Washington de bloquear el suministro de petróleo a la isla.

Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, lo que aumenta la presión sobre la nación isleña tras décadas de embargo comercial y la detención del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el mes pasado.

Venezuela había sido el principal proveedor de petróleo de La Habana, pero Washington ha ido aumentando la presión sobre Cuba en las últimas semanas, incluyendo una orden ejecutiva el jueves pasado en la que amenazaba con imponer aranceles adicionales a los países que vendieran petróleo a Cuba, incluido México.

«Puedo decirles que el Secretario General está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo», dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. 

António Guterres señaló que la Asamblea General lleva más de tres décadas pidiendo el fin del embargo estadounidense: «El Secretario General insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional».

Crisis de combustible

La crisis de combustible ha provocado un aumento de los precios de los alimentos para los cubanos e importantes cortes de electricidad en todo el país.

«Es evidente que lo que vemos ahora, especialmente tras los recientes acontecimientos en Venezuela, es una combinación de emociones», afirmó Francisco Pichón, el funcionario de más alto rango de las Naciones Unidas en Cuba, al describir «una mezcla de resiliencia, pero también de dolor, tristeza e indignación, y cierta preocupación por los acontecimientos regionales». 

La labor humanitaria de las Naciones Unidas en Cuba

Pichon habló con Noticias ONU desde La Habana el mes pasado, donde acababa de cortarse la electricidad en su oficina. El equipo de las Naciones Unidas afirmó que la gran mayoría de los cubanos se están viendo afectados por apagones continuos, en un momento en que el número de personas en situaciones vulnerables ha aumentado considerablemente. 

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México ha logrado un hito en su incipiente programa espacial con el despliegue exitoso del satélite Gxiba-1 desde la Estación Espacial Internacional). El dispositivo, íntegramente desarrollado por estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, fue lanzado gracias al programa KiboCUBE, una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

El Gxiba-1, un satélite miniaturizado y estandarizado, tiene una misión con un firme propósito terrestre: monitorear la actividad volcánica y la dispersión de cenizas mediante observación óptica. 

Sus datos serán vitales para la reducción del riesgo de desastres y el monitoreo ambiental, especialmente para observar volcanes activos cercanos a ciudades densamente pobladas en México, contribuyendo así a la seguridad de millones de personas.

«Felicitaciones a la Universidad Puebla por este tremendo logro», declaró Aarti Holla-Maini, directora de la agencia de la ONU. «Estamos orgullosos de asociarnos con Agencia Japonesa para crear más oportunidades que permitan el acceso al espacio para todos».

Iniciativa para los países en desarrollo

Este proyecto consolida a México como el sexto país beneficiario del programa KiboCUBE, siguiendo los pasos de Kenya, Guatemala, Mauricio, Moldavia e Indonesia. La iniciativa está diseñada específicamente para que instituciones de países en desarrollo y economías en transición puedan adquirir experiencia práctica en tecnología espacial, democratizando el acceso a la órbita terrestre.

«Para México, representa un hito muy motivador para perseguir en el futuro cercano: invertir y trabajar para desarrollar su propia Industria Aeroespacial y recursos humanos para satisfacer las necesidades del país», afirmó el rector de la Universidad de Puebla, Emilio Baños.

El éxito del Gxiba-1 no solo eleva las capacidades académicas, sino que sienta un precedente clave para el ecosistema espacial mexicano, demostrando que la colaboración internacional y la formación de talento joven son la base para construir un futuro en la nueva economía del espacio.

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La situación humanitaria en Colombia se está deteriorando de forma alarmante en varias regiones del país debido a la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, según informa la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Los civiles en los departamentos de Cauca, Nariño, Guaviare, Arauca, Chocó y Norte de Santander son cada vez más víctimas de homicidios, secuestros y restricciones severas a su libertad de movimiento, atrapados en medio del conflicto.

La violencia se recrudece: decenas de muertos y miles desplazados

El recrudecimiento de la violencia es particularmente grave en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela. Solo en la primera quincena de enero, los enfrentamientos entre facciones armadas se cobraron la vida de más de 60 civiles. 

Además, miles de personas se han visto forzadas a desplazarse o permanecer confinadas en sus hogares, lo que les impide acceder a servicios básicos y a la asistencia humanitaria.

«Nuestros colegas humanitarios están profundamente preocupados por los ataques repetidos contra los servicios médicos en Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, que han dejado a comunidades enteras sin atención esencial», señaló un portavoz de OCHA.

La crisis climática multiplica la emergencia

Paralelamente a la violencia, las emergencias relacionadas con el clima están incrementando las necesidades humanitarias.

Las fuertes lluvias han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones en varios departamentos. Un ejemplo dramático es el de la zona rural de Buenaventura, en la región del Pacífico, donde las inundaciones han dejado a más de 15.000 miembros de pueblos indígenas en necesidad urgente de refugio, agua potable, atención sanitaria y alimentos.

Falta de financiación

La ONU y sus socios humanitarios continúan trabajando con las autoridades para apoyar la respuesta, mejorar el acceso a la ayuda y fortalecer la preparación. Sin embargo, los recursos disponibles son insuficientes para la magnitud de la crisis.

El Plan de Respuesta Humanitaria 2025 para Colombia, a pesar de priorizar las necesidades más graves, recibió apenas una cuarta parte de los 342 millones de dólares requeridos.

Para 2026, la comunidad humanitaria solicita 384 millones de dólares con el objetivo de asistir a 2,6 millones de personas, una fracción de los 6,9 millones de colombianos que actualmente necesitan ayuda. La brecha de financiación amenaza con dejar a millones sin el apoyo vital que requieren para sobrevivir en medio de un cóctel explosivo de violencia y desastres naturales.

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Expertos independientes en derechos humanos designados por la ONU* expresaron este martes su alarma por las violaciones de los derechos de los niños durante los procedimientos migratorios en Estados Unidos, casi un año después de que se pusiera fin a la financiación federal para la representación legal de menores no acompañados.

Miles de niños siguen bajo custodia sin acceso a asesoría legal, una situación que, según advierten los expertos, obliga a los menores a enfrentarse solos a complejos procedimientos migratorios y socava sus derechos fundamentales.

Los tres relatores especiales**, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmaron que están en contacto con el Gobierno de Estados Unidos sobre este asunto.

Deber de cuidado

Los expertos explicaron que, en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos es responsable del cuidado y la custodia de los niños no acompañados.

La ley exige que el Departamento de Seguridad Nacional proteja a los niños contra el maltrato, la explotación y la trata de personas.

También garantiza que los niños no acompañados bajo custodia federal tengan acceso a asesoría legal y no deban ser sometidos a expulsión acelerada, es decir, deportación sin una audiencia judicial.

Fin del apoyo legal

Sin embargo, los relatores explicaron que, el 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro que suspendieran su trabajo y puso fin a la financiación de los abogados que representaban a niños no acompañados.

Aunque esta medida ha sido impugnada ante los tribunales, muchos de los 26.000 niños afectados perdieron su asesoría legal y siguen en riesgo de expulsión forzada.

Los informes indican que jóvenes migrantes están siendo retenidos en celdas sin ventanas, se les niega atención médica adecuada y son separados de sus padres o cuidadores durante largos períodos.

De hecho, entre enero y agosto de 2025, el tiempo promedio de custodia aumentó de aproximadamente un mes a seis, mientras que las liberaciones a cuidadores familiares cayeron en más de la mitad: de aproximadamente el 95% al 45%.

Presionados o pagados para “autodeportarse”

“Ha habido relatos constantes de deportaciones ilegales de niños no acompañados, en violación de la obligación de no devolución, incluidos víctimas de trata y en riesgo de trata de personas”, señalaron los expertos.

Según los informes, se ha presionado a los menores para que acepten un pago en efectivo de 2500 dólares para “autodeportarse” o enfrenten detención indefinida y traslado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al cumplir los 18 años.

Los expertos subrayaron que los niños deben tener acceso a recursos administrativos y judiciales contra las decisiones que afecten su propia situación o la de sus padres o cuidadores.

También deben adoptarse medidas para evitar retrasos procesales indebidos que puedan afectar negativamente sus derechos.

“Los procedimientos acelerados solo deben aplicarse cuando sean compatibles con el interés superior del niño y sin restringir ninguna garantía del debido proceso”, afirmaron.

*Los expertos: Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Gehad Madi, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados

**Los Relatores Especiales son expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos son conocidos como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU ni reciben salario por su labor.

Si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen sus funciones a título personal y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluido el ACNUDH y las Naciones Unidas. Toda opinión o punto de vista presentado es exclusivamente del autor y no representa necesariamente la posición de la ONU ni del ACNUDH.

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En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida y el bienestar de millones de menores de edad, advierten la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una nueva investigación. 

El documento, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, revela que 53.318 de ellos fueron víctimas de homicidio en la región entre 2015 y 2022.

Más recientemente, entre 2021 y 2022, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas se duplicó, situándose en cinco muertes por cada 100.000 habitantes. 

En contraste, la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 17 a 10 muertes en el mismo período, pero sigue siendo alta. 

Violencia sistémica

La violencia letal está relacionada con el crimen organizado, el fácil acceso a armas, desigualdades sociales y normas de género nocivas.

Sin embargo, en general, la violencia está presente desde edades muy tempranas. Seis de cada 10 menores de hasta14 años son objeto de algún tipo de castigo violento en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes experimenta acoso escolar. También crecen los abusos en los entornos digitales.

Fortalecer las políticas públicas

El director regional de UNICEF, Roberto Benes, subraya que la violencia afecta múltiples entornos de la vida de los menores, desde el hogar hasta la escuela y la comunidad, y afirma que políticas públicas sostenidas pueden cambiar esta realidad. 

Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, resalta el papel crucial de los servicios de salud para identificar a las personas en riesgo y brindar apoyo oportuno.

El informe propone soluciones basadas en evidencia: fortalecer leyes de protección de la infancia, controlar el acceso a armas de fuego, capacitar a docentes, policías y personal de salud, apoyar a padres y cuidadores, invertir en entornos educativos seguros y ampliar los servicios de respuesta.

La publicación fue validada en una consulta ministerial regional en octubre de 2025, con la participación de más de 300 funcionarios y representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el objetivo de acordar acciones concretas para proteger a la niñez y adolescencia de la región.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó la decisión de Estados Unidos de retirarse del organismo, al considerar que esta medida “hace que tanto Estados Unidos como el mundo sean menos seguros”. 

En un comunicado difundido este sábado, la OMS recordó que Estados Unidos fue uno de sus miembros fundadores y un actor clave en muchos de los mayores logros de la organización, como la erradicación de la viruela y los avances sostenidos contra enfermedades como la polio, el VIH, el ébola, la influenza, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas.

La agencia defiende su gestión durante la pandemia

En el comunicado, la OMS rechazó directamente los infundios formulados por el gobierno estadounidense, que acusó a la organización de haber “dañado y desprestigiado” a Estados Unidos, comprometido su independencia y fallado durante la pandemia de COVID-19. La agencia rechazó estas afirmaciones y aseguró que, como con todos sus Estados miembros, siempre buscó colaborar con los Estados Unidos «de buena fe», respetando plenamente su soberanía.

Respecto a la gestión de la pandemia, la OMS reconoció que se trató de una crisis sin precedentes y que ninguna institución o gobierno respondió de manera perfecta. No obstante, defendió su actuación y sostuvo que actuó con rapidez, transparencia y basándose en la mejor evidencia científica disponible en cada etapa. Subrayó que compartió toda la información que tenía de forma inmediata con la comunidad internacional y emitió recomendaciones para proteger a las poblaciones y los sistemas de salud.

El organismo recordó que reaccionó desde los primeros reportes de un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Ese mismo día solicitó información adicional a las autoridades chinas y activó sus sistemas de gestión de emergencias. Para el 11 de enero de 2020, cuando se informó la primera muerte por COVID-19, la OMS ya había alertado al mundo a través de canales formales, declaraciones públicas y redes sociales, además de convocar a expertos internacionales y publicar guías técnicas para los países.

La OMS también destacó que el 30 de enero de 2020 declaró la COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el máximo nivel de alerta previsto por el Reglamento Sanitario Internacional. En ese momento, fuera de China había menos de 100 casos reportados y ninguna muerte registrada. Durante las primeras semanas de la crisis, el director general de la OMS instó repetidamente a los países a actuar con urgencia, advirtiendo que la ventana de oportunidad para contener el virus se estaba cerrando.

En respuesta a las acusaciones sobre la imposición de medidas restrictivas, la OMS aclaró que nunca recomendó confinamientos obligatorios, mandatos de vacunación ni el uso obligatorio de mascarillas. Según el organismo, su rol fue asesorar y apoyar a los gobiernos, mientras que las decisiones finales correspondieron exclusivamente a las autoridades nacionales.

Garantizar el derecho a la salud

Finalmente, la OMS rechazó la acusación de haber seguido una agenda politizada o influida por países hostiles a los intereses estadounidenses. Reafirmó su carácter imparcial como agencia especializada de Naciones Unidas, gobernada por 194 Estados miembros. 

El comunicado destacó además avances recientes en cooperación internacional, como la adopción del Acuerdo sobre Pandemias y las negociaciones para un sistema de acceso y reparto de beneficios sobre patógenos. Aunque expresó su esperanza de que Estados Unidos retome su participación en el futuro, la OMS aseguró que continuará trabajando con todos los países para garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental para todas las personas.

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“Aquí está la cuna de los músicos. Hace muchísimo tiempo los abuelitos tocaban música. Ahorita venimos los hijos, nietos y bisnietos. En toda esta región siempre van a encontrar música”, cuenta Berenice Cruz, clarinetista de 17 años estudiante del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), ubicado en Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe, una región montañosa en el noreste de Oaxaca.

Berenice aprendió a tocar el clarinete a los 6 años, en casa, con uno de sus hermanos. En su familia, tres de los cinco hijos son músicos. “Mi hermano me enseñó lo básico y ya después un maestro de mi pueblo que estudió en el Centro nos empezó a enseñar. El clarinete es muy bonito, es un instrumento muy difícil, muy complicado, pero es muy bonito”, cuenta con una gran sonrisa en la cara.

Desde pequeña, el sueño de Berenice era estudiar música en este Centro y llegar a tocar en su Banda Oficial. Sus padres querían que hiciera la educación media superior, pero ella defendió su sueño y, al acabar la secundaria, logró que la inscribieran en el programa de esa escuela. Hoy, tras cuatro años de estudios y mucha disciplina, Berenice ha logrado su sueño como clarinetista y es miembro de la Banda Oficial.

“Es un sueño hecho realidad”, señala Berenice, quien ahora sueña con dedicarse a la música toda su vida y llegar a ser la Directora de una Orquesta Filarmónica. Si bien los prejuicios y la discriminación educativa siguen siendo un impedimento para muchas mujeres indígenas, en Santa María Tlahuitoltepec ya existe la Banda Femenil de Mujeres del Viento Florido, una agrupación de casi 50 mujeres que se ha convertido en referente a nivel nacional e internacional y que inspira a miles de jóvenes mexicanas como Berenice.

CINU Mexico/Eloísa Farrera

Un clarinetista zapoteco del CECAM en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, México.

50 años de educación integral y gratuita

En reconocimiento a la rica tradición musical de las bandas filarmónicas y de los instrumentos de aliento y cuerdas de los pueblos mixe de Oaxaca —resultado del sincretismo religioso y cultural de la época colonial—, las autoridades locales impulsaron en 1977 la creación del Centro. Desde entonces, ha brindado educación integral y gratuita, basada en principios comunitarios y en la cosmovisión indígena de la región, consolidándose como un referente en la formación musical y como una alternativa que impulsa el talento de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Conscientes de los largos trayectos de la serranía y las dificultades para llegar al colegio, el Centro brindó desde los primeros años albergue para sus alumnos. Para que pudieran comer, dormir y dedicarse a sus estudios musicales sin problemas. Esto, gracias al apoyo del Gobierno municipal y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que apoyan con subvenciones algunos servicios básicos y la alimentación. Hoy en día, el Centro alberga a más de 100 hombres y 70 mujeres. Otros tantos deciden rentar y pagar su manutención por su cuenta. En total, en la escuela estudian ahora 196 alumnas y alumnos.

“En la escuela se forman jóvenes provenientes de las ocho regiones del estado de Oaxaca y también vienen de otros estados. Actualmente, tenemos jóvenes de Guerrero, Querétaro, del Estado de México y Puebla”, explica Ofelia Orozco, quien fue su directora hasta diciembre de 2025.

CINU Mexico/Eloísa Farrera

El saxofonista indígena mixe Braulio Benigno José Domínguez de CECAM en Oaxaca, México, en un evento de la ONU/CEPAL.

Música: semilla del cambio

Dedicarse toda su vida a la música y formar una banda también es el sueño de Braulio Benigno José Domínguez, saxofonista soprano de 17 años. La familia de Braulio, de origen mixe, es totalmente musical; sus cinco hermanos tocan un instrumento. Su hermana mayor, trombonista, fue quien lo introdujo más en su formación.

Ahora, tras cuatro años de estudios, Braulio puede tocar la guitarra, el piano, el saxofón soprano, el saxofón alto y el saxofón tenor. Para él, la escuela es el lugar ideal para ampliar los conocimientos, mientras que la música es una vía para canalizar las emociones. “(Cuando toco música) me siento muy bien porque cada obra o cada pieza llega a transmitir un sentimiento diferente. Expreso mis emociones a través del instrumento”, cuenta.

Orgulloso de su cultura, Braulio alienta a niños y jóvenes indígenas o de otras comunidades a incursionar en la música, pero, sobre todo, a estudiar lo que les apasione. “Que se atrevan. Es muy bueno aventarse a lo que les guste. ¡Con educación y disciplina todo se puede!”, asegura.

Para Tonatiuh González, subdirector del CECAM formado en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, el modelo educativo musical del Centro de Santa María Tlahuitoltepec podría ser replicado en otros territorios de México, especialmente en la zona sureste del país donde también hay una gran tradición artística y musical de diversos pueblos indígenas; sin embargo, aclara, el modelo siempre tiene que ser adaptado a las realidades de cada comunidad.

Este sábado 24 de febrero se celebra el Día Internacional de la Educación, un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Sin educación universal, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.

Texto, video y fotos: Eloísa Farrera Hernández | Edición de video: Mauricio Arias | Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana 

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El Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenó este viernes “la deshumanización y el trato dañino” de los migrantes y refugiados en Estados Unidos.

En un comunicado, Volker Türk instó a Washington a respetar la dignidad humana y el derecho a un debido proceso, a poner fin a las tácticas de chivo expiatorio y a combatir la hostilidad xenófoba y los abusos, ahora frecuentes, contra estas poblaciones vulnerables.

“Las personas están siendo vigiladas y detenidas, en ocasiones de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados y escuelas, e incluso dentro de sus propios hogares, a menudo únicamente sobre la base de la mera sospecha de encontrarse en situación migratoria irregular”, declaró el máximo responsable de la ONU de velar por los derechos fundamentales.

“Los niños faltan a la escuela y a sus citas con el pediatra por temor a no volver a ver nunca más a sus padres”, añadió.

Defensa de los migrantes

A pesar de estos abusos, el Alto Comisionado subrayó el compromiso de numerosos actores en Estados Unidos para defender la dignidad y los derechos de los migrantes, en particular una multitud de funcionarios, grupos comunitarios y representantes de la sociedad civil en todo el país, miembros del Congreso, jueces, responsables locales y regionales, abogados, miembros del clero, proveedores de servicios, defensores y ciudadanos comunes.

Sin embargo, Volker Türk recuerda que numerosas políticas migratorias siguen generando arrestos arbitrarios, detenciones ilegales y expulsiones injustificadas.

Demonizar a los migrantes y refugiados es inhumano

El Alto Comisionado también expresó su profunda preocupación por las narrativas nocivas y deshumanizantes que se utilizan con frecuencia para describir a los migrantes y refugiados.

“Demonizar colectivamente a los migrantes y refugiados como criminales o amenazas o una carga para la sociedad, sobre la base de su origen, nacionalidad o situación migratoria, es inhumano, un error y va en contra del propio tejido social y de los principios fundacionales de la nación”, añadió Türk.

Esto se traduce concretamente en arrestos y detenciones sin acceso rápido a un abogado ni a recursos efectivos.

Türk subrayó que numerosos arrestos, detenciones y expulsiones tienen lugar sin que se hagan esfuerzos para evaluar y preservar la unidad familiar, exponiendo en particular a los niños a riesgos de daños graves y duraderos.

Transparencia sobre las muertes en detención

Los casos repetidos de padres detenidos y trasladados de un centro de detención a otro, sin información adecuada sobre su ubicación ni acceso a un abogado, también obstaculizan su capacidad de mantenerse en contacto con su familia y sus representantes legales.

El responsable de los derechos humanos de la ONU también pidió una investigación independiente y transparente sobre “el preocupante aumento del número de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos” (ICE, por sus siglas en inglés). Al menos 30 muertes de este tipo se registraron el año pasado, y otras seis se han registrado hasta el momento este año.

Por otra parte, Türk señaló que algunas expulsiones, en particular hacia países distintos de su país de origen o con los que estas personas no tienen ningún vínculo, se llevaron a cabo con precipitación, sin tener en cuenta los riesgos de tortura o de daño irreparable. Las autoridades también han reconocido errores, al haber expulsado erróneamente a personas de Estados Unidos. Estos casos subrayan la necesidad de reforzar las garantías, sostuvo.

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Desde enero de 2025, se estima que cerca de 100.000 personas, la mitad de la población de la región, han sido desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, el uso de drones armados y el control violento de territorios estratégicos.

En las últimas semanas, la situación se ha agravado. Según  la oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA), los combates han dejado más de 60 personas muertas en la última semana, mientras miles de civiles enfrentan restricciones de movilidad, dificultades para acceder a servicios básicos y nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento forzado.

Yudith García, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de Cúcuta, alertó sobre el impacto de los ataques con drones durante la presentación de un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Los ataques con drones están siendo ignorados. Están afectando la salud, las viviendas y los cultivos de los campesinos. Esto, en vez de disminuir, va aumentando”, advirtió.

El informe señala, que la crisis “se ha convertido en una de las más graves en la historia del conflicto armado colombiano”. 

La Alcaldía de Cúcuta registró la llegada de 2048 personas desplazadas desde el Catatumbo desde el 22 de diciembre, y prevé que la cifra aumente en los próximos días. Habitantes de la región señalan además que muchas familias han huido hacia el municipio de Ocaña. A comienzos de 2025, más de 60.000 personas fueron desplazadas forzosamente por combates y asesinatos selectivos.

Los grupos armados enfrentados estarían utilizando drones armados para atacar a sus rivales y a personas acusadas de colaborar con el bando contrario, lo que ha elevado el riesgo para la población civil.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 11 personas han resultado lesionadas y nueve han muerto por explosivos lanzados desde drones.

Miles de familias atrapadas

© UNICEF/Agudelo

La relatora especial sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, la colombiana Paula Gaviria, calificó la situación como un “drama prolongado”. “Es necesario reflexionar y actuar cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33”, señaló.

Gaviria recordó que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno colombiano, al ELN y a las disidencias de las FARC por la crisis en el Catatumbo. Un año después, advirtió, “miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo”.

En ese sentido, instó a reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y garantizar soluciones duraderas para la población desplazada, como pasos mínimos para atender la emergencia humanitaria en esta región fronteriza.

Desde las organizaciones sociales también se alzan voces de alarma. “Nosotros ponemos los muertos. El año pasado hubo 137 líderes sociales asesinados”, denunció Jaime Botero, presidente de Asojuntas, quien pidió a las autoridades escuchar las propuestas de las comunidades y líderes locales.

Según la oficina humanitaria, las familias desplazadas y confinadas reportan vivir bajo un miedo constante, en medio del riesgo de explosiones, violencia selectiva y restricciones impuestas por los grupos armados. Los daños a la infraestructura han agravado la inseguridad alimentaria y han dejado a miles de niños y niñas fuera del sistema educativo. Mientras tanto, la financiación humanitaria sigue muy por debajo de los niveles necesarios, empujando a las comunidades a adoptar estrategias de supervivencia cada vez más peligrosas.

El conflicto se intensificó el 16 de enero de 2025, cuando el ELN inició una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por la disputa por el control territorial y las economías ilícitas en esta zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.

Por su parte, el Ejército informó que ha desplegado más de 11.200 soldados en el marco de la denominada Operación Catatumbo, como respuesta a la confrontación.

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