Solo cuatro de cada diez establecimientos de salud en el mundo cumplen los requisitos básicos de saneamiento y menos de seis de cada diez alcanzan los estándares mínimos de limpieza ambiental, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF que revela importantes carencias en servicios esenciales para prestar una atención sanitaria segura.

El análisis ofrece por primera vez estimaciones mundiales para las cinco áreas básicas evaluadas en los centros sanitarios: agua, saneamiento, higiene de manos, limpieza ambiental y gestión de residuos. En 2025, el 85% de los establecimientos disponía de un servicio básico de agua, el 72% cumplía las condiciones mínimas de higiene y el 71% contaba con una gestión básica de los residuos sanitarios. Sin embargo, la cobertura descendía al 59% en limpieza ambiental y a apenas el 40% en saneamiento.

Los estándares utilizados no se limitan a comprobar si existe determinada infraestructura. Para que un centro tenga un servicio básico de saneamiento, por ejemplo, debe contar con baños mejorados y utilizables, al menos uno destinado al personal, instalaciones separadas por sexo que permitan gestionar la higiene menstrual y al menos un baño accesible para personas con movilidad limitada.

“Los resultados muestran avances importantes, pero también dejan al descubierto grandes carencias en los fundamentos de una atención segura y de calidad”, señaló Bruce Gordon, responsable de Agua, Saneamiento y Salud de la OMS. El especialista destacó que el acceso fiable al agua, el saneamiento, la higiene de manos, una limpieza eficaz y la gestión segura de residuos deben incorporarse a la planificación, financiación y seguimiento de los sistemas de salud.

Tener un inodoro no significa contar con saneamiento adecuado

El hecho de que solo el 40% de los centros cumpla el estándar básico de saneamiento no significa que el 60% restante carezca de baños. A escala mundial, el 89% dispone de algún tipo de instalación sanitaria y el 85% tiene inodoros utilizables. La diferencia está en si esos servicios son seguros, accesibles y adecuados para todas las personas que necesitan utilizarlos.

Solo alrededor de la mitad de los centros contaba con baños separados por sexo, instalaciones accesibles o espacios que permitieran la gestión de la higiene menstrual. Precisamente, la ausencia de instalaciones adecuadas para la menstruación y de baños accesibles figuró entre las principales razones por las que numerosos establecimientos no alcanzaron el nivel considerado básico.

“Un inodoro no es suficiente si es inseguro, inaccesible o no responde a las necesidades de las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad”, afirmó Evariste Kouassi Komlan, director de Agua, Saneamiento e Higiene de UNICEF. Advirtió además que la falta de estos servicios puede representar riesgos particularmente graves para las mujeres durante el parto, los recién nacidos y los niños pequeños.

La limpieza ambiental constituye otro de los principales puntos débiles. Para alcanzar el estándar básico, un centro debe disponer tanto de protocolos de limpieza como de personal capacitado para aplicarlos. Solo el 59% de los establecimientos cumplía ambos requisitos, mientras que el 18% no cumplía ninguno. Esta última proporción corresponde a centros que atienden a una población estimada de alrededor de 1500 millones de personas.

La brecha es especialmente profunda en los países menos adelantados, donde únicamente el 24% de los centros sanitarios alcanza el estándar básico de limpieza ambiental. Mantener adecuadamente limpios espacios como habitaciones de pacientes, salas, quirófanos, áreas de examen y tratamiento y baños es una parte fundamental de la prevención y control de infecciones, ya que los ambientes contaminados pueden contribuir a las infecciones adquiridas durante la atención sanitaria y a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos.

Avances desde 2015, pero todavía quedan grandes brechas

Durante la última década se han registrado mejoras en el acceso al agua, la higiene y la gestión de residuos en los establecimientos de salud, y el mayor progreso se produjo en los servicios de higiene. Sin embargo, aproximadamente uno de cada diez centros todavía carece por completo de un servicio de agua, y una proporción similar no dispone de ningún servicio de saneamiento.

El informe también muestra que la capacidad para medir estas condiciones está mejorando. En 2025, 39 países disponían de información suficiente para calcular los cinco indicadores básicos, frente a 29 en la evaluación anterior. Aun así, persisten importantes vacíos de datos y todavía no es posible determinar tendencias mundiales a lo largo del tiempo para saneamiento y limpieza ambiental.

La OMS y UNICEF sostienen que los gobiernos deben ir más allá de contabilizar la existencia de infraestructura y comenzar a evaluar si los servicios funcionan de manera constante, son seguros y accesibles, permanecen limpios y responden realmente a las necesidades tanto de los pacientes como de los trabajadores sanitarios.

Los nuevos datos llegan además después de que la Asamblea General aprobara en mayo una resolución que pide reforzar los estándares nacionales, realizar un seguimiento periódico y desarrollar planes financiados para garantizar servicios sostenibles y resilientes de agua, saneamiento, higiene, gestión de residuos y electricidad en los establecimientos de salud. El propio informe señala que estas condiciones son esenciales no solo para avanzar en las metas mundiales de agua y saneamiento, sino también para garantizar el acceso universal a una atención sanitaria segura y de calidad.

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El brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo se ha convertido en el segundo más grande jamás registrado y en el de propagación más rápida hasta la fecha, advirtió este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casi 5000 personas han resultado infectadas y más de 2300 han muerto en seis provincias y 55 zonas de salud, según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reconoció que, tres meses después de que la epidemia fuera declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional, la situación continúa siendo extremadamente grave.

“Debemos ser francos: la epidemia está lejos de estar bajo control”, afirmó Tedros durante la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional.

La rápida expansión del virus está siendo impulsada por una combinación especialmente difícil de contener: inseguridad, desplazamientos y un intenso movimiento de personas a través de carreteras, ríos y rutas mineras. Los casos han llegado ya a una sexta provincia, Bas-Uele.

Las cadenas de transmisión que todavía no se ven

Muchos fallecimientos siguen produciéndose en hogares, comunidades o centros de salud que no están especializados en el tratamiento del ébola. Algunas de esas personas tampoco figuran entre los contactos conocidos de casos anteriores.

Para Tedros, cada una de esas muertes puede ser señal de una cadena de transmisión todavía sin identificar.

“Hasta que cada cadena sea encontrada y cortada, la epidemia continuará”, advirtió.

La tasa de letalidad se sitúa en torno al 46%, según los últimos datos oficiales citados por la OMS.

Para intentar encontrar antes esos casos, la organización está reforzando la vigilancia con 100 epidemiólogos adicionales, que trabajarán junto a más de 500 trabajadores comunitarios en el rastreo de contactos, la detección de posibles contagios y la derivación temprana de los pacientes a centros de tratamiento.

También se está ampliando la capacidad para atenderlos. En las últimas dos semanas se han añadido más de 400 camas en distintas localidades afectadas.

Los motociclistas, parte de la vigilancia

Pero detectar los contagios no depende únicamente de médicos y epidemiólogos. En muchas de las zonas afectadas, los motociclistas son quienes trasladan a personas enfermas e incluso cadáveres entre comunidades. Esa labor los ha convertido en uno de los grupos más expuestos al virus, pero también en una pieza potencialmente importante para identificar nuevos casos.

La OMS comenzó proporcionándoles estaciones para el lavado de manos y productos de desinfección. Ahora quiere ir más lejos e incorporarlos directamente a la vigilancia epidemiológica.

La idea es que puedan avisar a los equipos sanitarios cuando transporten a una persona enferma, de manera que esta pueda ser localizada, examinada y, de ser necesario, trasladada rápidamente a un centro de tratamiento.

El responsable de la respuesta de la OMS sobre el terreno, Thierno Baldé, explicó a periodistas desde Bunia que algunos motociclistas han sufrido directamente las consecuencias de la epidemia y relató el caso de un hombre que había perdido a seis miembros de su familia.

“Queremos ir más allá y contar con ellos como agentes de vigilancia y respuesta”, señaló.

La participación de las comunidades es ahora uno de los pilares de una respuesta que también intenta involucrar a asociaciones de mujeres, líderes políticos y autoridades locales.

Inseguridad y desconfianza

Ese esfuerzo cobra especial importancia en un contexto en el que la inseguridad y la resistencia de algunas comunidades siguen complicando el trabajo de los equipos sanitarios.

El lunes, una de las ambulancias utilizadas en la respuesta fue atacada en Bunia. Baldé explicó que no se trata de un hecho aislado.

“Casi a diario afrontamos algún tipo de reacción de las comunidades”, dijo, al describir situaciones en las que familias que están perdiendo a sus seres queridos deben, al mismo tiempo, aceptar medidas sanitarias rápidas y difíciles.

Los equipos intentan regresar, dialogar con las comunidades y apoyarse en autoridades y organizaciones locales para recuperar la confianza y continuar las operaciones.

A pesar de estas dificultades, hay algunos indicios de progreso. Baldé señaló que localidades que hace seis o siete semanas registraban un elevado número de muertes en la comunidad muestran ahora cierta estabilización, con menos casos y una capacidad más rápida para intervenir.

Vacunas y tratamientos avanzan

Mientras se intenta frenar la transmisión sobre el terreno, también avanzan las herramientas médicas contra una variante del virus para la que todavía no existe una vacuna aprobada específicamente.

Por primera vez, dos vacunas diseñadas contra el virus Bundibugyo han entrado en ensayos clínicos en humanos, reiteró Tedros.

Una tercera ha mostrado protección cruzada en estudios con animales y se está preparando para avanzar hacia un ensayo de fase tres. Además, el ensayo PARTNERS, patrocinado por la OMS para estudiar posibles tratamientos, ya cuenta con 100 pacientes.

Sin embargo, Tedros advirtió que los avances científicos por sí solos no bastarán. La respuesta necesita un intercambio de datos más rápido, mayor vigilancia, financiación sostenida, acceso seguro a las zonas afectadas y una coordinación transfronteriza más estrecha.

Hasta ahora, la OMS ha recibido alrededor de 69,3 millones de los 115 millones de dólares que necesita para sus operaciones, dejando una brecha cercana a los 46 millones.

Riesgo de propagación internacional

Tedros advirtió que el riesgo de propagación internacional sigue siendo elevado, ya que los movimientos de población pueden llevar el virus de un país a otro.

Uganda logró detener la transmisión después de los primeros casos vinculados al brote, mientras que el mes pasado se detectó en Francia un caso en un viajero procedente de la región afectada.

“Las fronteras pueden retrasar la propagación, pero no impedirla”, señaló el director general de la OMS.

Por ello, la Organización considera esencial reforzar la vigilancia y la coordinación entre países para detectar rápidamente nuevos casos y evitar que se establezcan nuevas cadenas de transmisión.

Tedros recordó además que el ébola se está propagando en comunidades que ya enfrentan otros graves problemas de salud, entre ellos malaria, cólera, neumonía, enfermedades diarreicas y una elevada mortalidad materna.

La respuesta al brote, subrayó, debe intensificarse sin interrumpir el acceso de la población a otros servicios esenciales de salud.

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Los enfrentamientos ocurridos entre enero y mayo de este año obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares en el estado de Nilo Azul, en Sudán, la mayoría mujeres y niños. Muchas se encuentran ahora en campamentos de desplazados donde la violencia, las inundaciones frecuentes y los daños en la infraestructura dificultan el acceso a servicios básicos de salud, incluida la atención durante el embarazo y el parto.

Para responder a esta situación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha desplegado y equipado a 15 parteras en las comunidades donde más se necesitan. Una de ellas es Sa’aida, quien también tuvo que abandonar su hogar en 2024 y actualmente trabaja en una clínica móvil apoyada por el organismo en el campamento Al Karama 3, en Ad-Damazin, capital del estado.

“Algunas mujeres dieron a luz en el camino”, contó Sa’aida al UNFPA. En esas circunstancias, explicó, las parteras tuvieron que prestar atención de emergencia con los recursos disponibles. Sin personal capacitado, algunas mujeres podrían haber sufrido hemorragias graves con consecuencias mortales tanto para ellas como para sus bebés.

Una sensación de seguridad en medio del desplazamiento

La presencia de una partera dentro del campamento permite que las mujeres reciban atención sin tener que encontrar por sí mismas un centro sanitario o asumir gastos que muchas familias desplazadas no pueden afrontar. Somaya, una de las mujeres atendidas por Sa’aida, explicó que no tenía dinero ni sabía dónde buscar servicios médicos después de llegar al campamento.

“Sin ella, habría sufrido muchísimo”, relató. “No tenemos dinero y no sabemos adónde ir ni cómo acceder a los servicios de salud aquí”. Para Somaya, contar con Sa’aida dentro del campamento “nos ha dado una sensación de seguridad”.

Otra de las parteras desplegadas, Safya, lleva un registro de las embarazadas y del lugar donde viven. Si alguna deja de acudir a sus controles, ella misma va a buscarla para saber qué ocurrió. La mayoría de las mujeres da a luz dentro del campamento, pero Safya identifica los embarazos que pueden presentar complicaciones y organiza el traslado al hospital cuando considera que existe un riesgo.

Así ocurrió con Al Radyyia, madre de once hijos, quien llegó al campamento en una etapa avanzada de su embarazo. Cuando comenzó el trabajo de parto y las contracciones se intensificaron, llamó a Safya. La partera reconoció que se trataba de un parto de alto riesgo y gestionó su traslado al hospital materno de Ad-Damazin, donde pudo dar a luz de manera segura.

Safya continuó visitándola cada dos días después del nacimiento para comprobar el estado de la madre y del bebé. Ambos se encuentran bien. “Ella realmente me salvó la vida y estoy profundamente agradecida por la atención y el apoyo que me brindó”, afirmó Al Radyyia.

Mucho más que asistir un parto

La labor de las parteras no termina con el nacimiento. Pueden prestar gran parte de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, desde orientar sobre planificación familiar y acompañar los embarazos hasta detectar emergencias obstétricas, apoyar a supervivientes de violencia de género y ofrecer educación sanitaria.

En el caso de Safya, el seguimiento comienza desde el tercer mes de embarazo y continúa hasta después del parto. Las parteras también distribuyen medicamentos esenciales y ofrecen atención posnatal a las madres que amamantan. Sin embargo, trabajar dentro de los campamentos presenta dificultades adicionales, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando desplazarse resulta más complicado y trasladar rápidamente a una paciente al hospital puede convertirse en un desafío.

La situación se agrava porque muchos centros sanitarios de Sudán siguen sin funcionar, lo que deja a las mujeres desplazadas sin un acceso estable y seguro a atención materna. El UNFPA mantiene clínicas móviles y espacios seguros en distintas partes del país, aunque algunos han tenido que cerrar debido a los recortes de financiación.

140 partos seguros en tres semanas

Los primeros resultados muestran el impacto que puede tener este tipo de atención. Durante apenas las tres primeras semanas del despliegue, las parteras apoyadas por el UNFPA asistieron 140 partos seguros y realizaron seguimiento a más de 700 mujeres embarazadas.

Con apoyo del Gobierno de Noruega, el organismo está capacitando además a otras 30 parteras en el estado de Nilo Blanco y a 30 más en Kordofán del Norte, que serán desplegadas para responder a las crecientes necesidades de salud materna y reproductiva en zonas afectadas por la crisis.

El UNFPA también facilita traslados al hospital materno de Ad-Damazin para realizar cesáreas y ofrece asistencia económica y vales para otros partos complicados. En el campamento existe además una sala de aislamiento para embarazadas con hepatitis E, destinada a garantizar atención especializada en medio del deterioro de las condiciones de saneamiento.

La falta de fondos amenaza la respuesta

La necesidad de estos servicios continúa siendo enorme. Para 2026, el UNFPA solicitó 129,2 millones de dólares para atender las necesidades urgentes de salud sexual y reproductiva y responder a la violencia de género en Sudán. Hasta agosto, sin embargo, solo había recibido alrededor de un tercio de los fondos necesarios.

En un país donde la guerra ha obligado a millones de personas a desplazarse y numerosos centros de salud han dejado de funcionar, invertir en parteras es una de las formas más eficaces y sostenibles de proteger la salud de las madres y los recién nacidos. La experiencia en Nilo Azul muestra que disponer de una profesional capacitada cerca de las mujeres puede permitir detectar una complicación a tiempo, conseguir un traslado de emergencia y, en algunos casos, marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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Las tasas de lactancia materna están aumentando en el mundo, pero millones de madres y familias todavía carecen de los servicios y las condiciones necesarias para iniciar y mantener esta práctica, especialmente en los países de menores ingresos y en contextos humanitarios y frágiles. La proporción de bebés alimentados exclusivamente con leche materna durante sus primeros seis meses pasó de alrededor del 37% en 2012 a más del 47% en la actualidad, mientras que la lactancia hasta los dos años aumentó del 38% al 50% durante los últimos cinco años.

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidieron a los gobiernos reforzar los sistemas sanitarios, ampliar el asesoramiento a las familias y garantizar políticas laborales que permitan a las mujeres continuar amamantando. Las agencias recuerdan que la lactancia protege la salud infantil y materna y que invertir en medidas eficaces para promoverla puede generar importantes beneficios sanitarios y económicos.

Más que alimento: beneficios para madres y niños

La leche materna aporta nutrientes esenciales, fortalece el sistema inmunitario, contribuye a proteger a los niños frente a enfermedades graves y favorece su desarrollo cognitivo. Para las madres, también está asociada con un menor riesgo de enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer de mama y de ovario y la diabetes tipo 2. Pese a los avances mundiales, el progreso continúa siendo desigual y muchos países permanecen lejos de los objetivos establecidos.

Un nuevo análisis del Colectivo Mundial para la Lactancia Materna advierte que todavía existe una importante brecha entre las políticas adoptadas y su aplicación. La insuficiencia de financiación, supervisión y cumplimiento de las normas sigue frenando los avances, mientras que el objetivo mundial es alcanzar un 60% de lactancia materna exclusiva para 2030.

Invertir un dólar puede generar 59 dólares de beneficios

El apoyo a la lactancia también tiene importantes repercusiones económicas. Según el informe, ampliar las intervenciones dentro de los sistemas sanitarios podría generar hasta 59 dólares de retorno por cada dólar invertido, principalmente gracias a mejoras en el desarrollo cognitivo, los resultados educativos y la productividad a lo largo de la vida.

Por el contrario, la falta de inversión tiene un costo considerable. Las prácticas inadecuadas de lactancia se asocian cada año con aproximadamente 383.000 muertes infantiles evitables y 138.000 muertes maternas, además de 58 millones de años de educación perdidos. El impacto económico mundial de no invertir suficientemente en estos programas se estima en 339.000 millones de dólares anuales.

UNICEF y la OMS calculan que ampliar las intervenciones probadas permitiría evitar casi 400.000 muertes infantiles y alrededor de 140.000 muertes maternas cada año. Entre las medidas más eficaces se encuentran el asesoramiento especializado, la protección de la maternidad, el apoyo en el lugar de trabajo y la regulación de la comercialización de fórmulas infantiles.

Qué medidas funcionan

La evidencia recopilada muestra que el acompañamiento profesional puede tener un efecto considerable. Una revisión de 38 estudios concluyó que el asesoramiento y la educación sobre alimentación infantil aumentaron la lactancia exclusiva en un 58%, mientras que la aplicación de los Diez Pasos para una Lactancia Materna Exitosa en hospitales se asoció con un aumento del 45% de la lactancia exclusiva a los seis meses.

Las condiciones laborales también son determinantes. La licencia de maternidad remunerada se asoció con un incremento del 52% en la lactancia exclusiva, mientras que contar con espacios y políticas adecuadas en el lugar de trabajo facilita que las madres puedan extraer y conservar leche después de reincorporarse a sus empleos. 

La regulación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna también marca una diferencia. En los países cuya legislación está ampliamente alineada con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, la tasa media de lactancia exclusiva alcanza el 54%, frente al 24% en aquellos sin medidas legales de este tipo.

Apoyar a las madres dentro y fuera del sistema sanitario

Bajo el lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: reforcemos lo que funciona”, la Semana Mundial de este año pone el foco en ampliar las estrategias que ya han demostrado resultados. UNICEF y la OMS piden integrar el apoyo a la lactancia en la atención prenatal, durante el parto y después del nacimiento, capacitar a los trabajadores sanitarios y ampliar los programas comunitarios de asesoramiento y apoyo entre pares.

También reclaman licencias de maternidad remuneradas y entornos laborales compatibles con la lactancia, así como una aplicación efectiva del Código Internacional que regula la comercialización de sucedáneos de la leche materna. El informe identifica además la necesidad de apoyar especialmente a las mujeres del sector informal, las adolescentes y otras poblaciones vulnerables. 

El análisis estima que llevar un conjunto amplio de estas intervenciones al 75% de cobertura en los países con mayor carga podría evitar entre 224.000 y 263.000 muertes infantiles durante la próxima década y generar entre 276.000 y 357.000 millones de dólares en beneficios económicos.

Para UNICEF y la OMS, el desafío ya no consiste en determinar qué funciona. Las intervenciones están identificadas y sus beneficios han sido demostrados. La prioridad ahora es garantizar que las madres puedan acceder a ellas independientemente de dónde vivan, cuánto ganen o si se encuentran en una situación de emergencia.

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La hepatitis B y la hepatitis C causaron 1,3 millones de muertes en 2024, unas 3500 cada día, pese a que el mundo dispone de vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos capaces de prevenir gran parte de esas defunciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que los avances no se producen con la rapidez necesaria para eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública antes de 2030.

Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, la agencia llamó a los gobiernos a derribar las barreras que impiden que millones de personas accedan a la vacunación, las pruebas y la atención médica. Bajo el lema “Hepatitis: acabemos con las barreras”, la campaña de este año busca transformar los avances científicos disponibles en medidas concretas mediante una mayor inversión, un liderazgo político más firme y un acceso equitativo a los servicios de salud.

La mayoría de las personas desconoce que está infectada

En 2024, 287 millones de personas vivían con hepatitis B o C crónicas. Sin embargo, solo cerca de una cuarta parte de quienes tenían hepatitis B y poco más de un tercio de las personas con hepatitis C habían sido diagnosticadas. Entre quienes vivían con hepatitis B, apenas el 4,3% recibía tratamiento, mientras que solo el 20% de quienes tenían hepatitis C había accedido a una terapia curativa.

La hepatitis viral provoca una inflamación del hígado que, si no se detecta y trata, puede derivar con el paso de los años en cirrosis y cáncer hepático. La OMS señaló que la falta de diagnóstico es una de las principales razones por las que continúa aumentando la mortalidad: muchas personas no presentan síntomas durante años y, al desconocer que están infectadas, no reciben la atención que podría evitar complicaciones graves.

Una de las pocas enfermedades transmisibles cuya mortalidad aumenta

La evaluación de mitad de período de las estrategias mundiales sobre el VIH, las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual muestra que se han conseguido avances importantes, pero también confirma que la hepatitis viral continúa siendo una de las principales enfermedades transmisibles cuya mortalidad sigue aumentando.

La OMS explicó que parte del problema reside en que la hepatitis todavía se trata en muchos países como una enfermedad especializada, atendida principalmente en hospitales o centros de alta complejidad. La falta de programas nacionales, infraestructura y financiación limita el acceso, especialmente en los países con una mayor carga de la enfermedad. Integrar las pruebas y los tratamientos en la atención primaria, los servicios de VIH y los programas de salud maternoinfantil permitiría llegar a muchas más personas.

Solo el 45% de los bebés recibe la vacuna a tiempo

La prevención de nuevas infecciones constituye otra prioridad. En 2024, únicamente el 45% de los recién nacidos recibió la vacuna contra la hepatitis B durante las primeras 24 horas de vida, una intervención fundamental para evitar la transmisión del virus.

La situación es especialmente preocupante en África, donde la cobertura de esa dosis administrada al nacer se mantiene en apenas el 17%. La OMS pidió ampliar la vacunación, mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos y concentrar los esfuerzos en los países que soportan la mayor carga de la enfermedad.

Europa demuestra que la eliminación es posible

La región europea de la OMS ha registrado avances que demuestran que la eliminación puede alcanzarse cuando existen inversión sostenida y compromiso político. Desde 2015, las nuevas infecciones por hepatitis B han disminuido un 54% y las de hepatitis C, un 28%. Además, la cantidad de personas que viven con hepatitis C se redujo un 29%, mientras que la mortalidad asociada cayó un 33% durante la última década.

La región también superó la meta de eliminación de la hepatitis B entre los niños menores de cinco años, con una prevalencia estimada del 0,06%, por debajo del umbral mundial del 0,1%. No obstante, todavía viven allí unos 9,7 millones de personas con hepatitis B y 5,6 millones con hepatitis C, y persisten importantes deficiencias en la detección y el tratamiento.

Solo el 23% de quienes viven con hepatitis B en Europa han sido diagnosticados y apenas el 4,2% reciben tratamiento. Para la OMS, la principal brecha ya no es únicamente prevenir las infecciones, sino encontrar a las personas que desconocen su condición y garantizar que accedan a la atención que necesitan.

Las herramientas ya existen

La hepatitis B puede prevenirse mediante una vacuna segura y eficaz y controlarse con tratamientos de por vida. La hepatitis C, por su parte, puede curarse con medicamentos antivirales. También existen pruebas precisas que permiten identificar las infecciones antes de que causen daños irreversibles.

Pese a ello, el estigma, el desconocimiento, las desigualdades, las debilidades de los sistemas sanitarios y la insuficiencia de recursos siguen dejando a millones de personas sin atención. La OMS insistió en que alcanzar la meta de 2030 exige mayor urgencia, financiación sostenida y la integración de los servicios de hepatitis en los sistemas nacionales de salud.

“Eliminarlas no es solo una aspiración, es algo alcanzable”, sostiene la agencia, que pidió a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los socios internacionales convertir las herramientas disponibles en acceso real para todas las personas.

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Aunque las nuevas infecciones por VIH y las muertes relacionadas con el sida se encuentran en sus niveles más bajos en más de tres décadas, el progreso para poner fin a la epidemia como amenaza para la salud pública está perdiendo impulso. La ciencia dispone hoy de herramientas capaces de transformar la prevención del virus, pero los recortes de la financiación internacional y el acceso desigual a esos avances amenazan con provocar un resurgimiento de la epidemia si no se adoptan medidas urgentes, advierte el último informe de ONUSIDA.

En 2025, 1,2 millones de personas adquirieron el VIH, 570.000 murieron por enfermedades relacionadas con el sida y alrededor de 9 millones de personas que viven con el virus no recibían tratamiento. Aunque varios países han logrado avances importantes, las nuevas infecciones aumentaron en tres regiones y en 21 países durante el último año, lo que refleja un progreso desigual.

La prevención, cada vez más amenazada

El informe señala que la respuesta mundial al VIH atravesó una profunda crisis en 2025. Los recursos destinados a combatir la epidemia disminuyeron y la financiación internacional cayó un 18%, el descenso más pronunciado en casi dos décadas. Muchos países consiguieron mantener los tratamientos gracias al aumento de la inversión nacional, pero los programas de prevención y las organizaciones comunitarias, que suelen depender de la ayuda exterior, resultaron gravemente afectados.

La reducción de fondos ya está teniendo consecuencias. En algunos países se recortó más del 90% de la financiación destinada a preservativos y numerosos servicios dirigidos por organizaciones comunitarias disminuyeron o desaparecieron. Un estudio realizado en 47 países documentó fuertes reducciones en los programas de prevención, así como en la atención destinada a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales y supervivientes de violencia de género.

El organismo también advierte que las personas pertenecientes a poblaciones clave continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud. Al mismo tiempo, el aumento de leyes que criminalizan determinadas orientaciones sexuales e identidades de género y el deterioro de los derechos humanos dificultan aún más que muchas personas busquen atención médica sin temor a la discriminación.

La innovación ofrece esperanza, pero el acceso sigue siendo desigual

ONUSIDA destaca que la ciencia está transformando la prevención del VIH gracias al desarrollo de medicamentos de acción prolongada, como lenacapavir, una inyección que se administra dos veces al año y cuya eficacia preventiva se acerca a la de una vacuna. Sin embargo, el organismo advierte que estas innovaciones solo tendrán un impacto real si pueden llegar a todas las personas que las necesitan y a un precio asequible. Se estima que 20 millones de personas necesitan acceder a tratamientos preventivos basados en antirretrovirales para cambiar el rumbo de la epidemia.

“La innovación sin acceso no es innovación; es injusticia”, afirmó la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, quien subrayó que el verdadero éxito no consiste en que existan nuevos medicamentos, sino en que todas las personas puedan beneficiarse de ellos.

Aún es posible alcanzar la meta de 2030

Pese al panorama, ONUSIDA sostiene que todavía es posible poner fin al sida como amenaza para la salud pública antes de 2030. En junio de este año, 149 Estados Miembros aprobaron una nueva Declaración Política sobre el VIH y el Sida que fija metas para ampliar el acceso al tratamiento, fortalecer la prevención, reducir el estigma y asegurar una financiación sostenible.

Si esos compromisos se cumplen plenamente, el organismo estima que podrían evitarse 3,2 millones de nuevas infecciones y 1,3 millones de muertes relacionadas con el sida de aquí a 2030. Para lograrlo, concluye el informe, será necesario renovar la solidaridad internacional, reforzar la inversión y garantizar que los avances científicos beneficien a todas las personas por igual.

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Alrededor de 300.000 personas pierden la vida cada año por ahogamiento, una tragedia que afecta de manera desproporcionada a los niños y a las comunidades con menos recursos. 

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece un conjunto de siete medidas destinadas a ayudar a los gobiernos y las comunidades a prevenir estas muertes mediante políticas concretas, como instalar barreras alrededor de fuentes de agua peligrosas, enseñar habilidades básicas de natación, mejorar la seguridad de las embarcaciones y preparar a la población frente a inundaciones y otras emergencias.

El nuevo paquete técnico, denominado PROTECT, se lanza antes del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, que se conmemora el 25 de julio. Sus recomendaciones trasladan a la práctica los objetivos de la primera estrategia mundial sobre esta problemática, que busca reducir en un 35% las muertes por ahogamiento para 2035 mediante acciones adaptadas a las personas, los lugares y las circunstancias en las que se producen estos accidentes.  

Una de las principales causas de muerte infantil

El ahogamiento se mantiene entre las diez principales causas de muerte de los niños de entre cinco y 14 años, y una de cada cuatro víctimas mortales tiene menos de cinco años. Los incidentes no ocurren únicamente en playas o grandes masas de agua: también se producen en ríos, lagos, pozos, piscinas, canales, depósitos domésticos y otros lugares próximos a los hogares, especialmente cuando no existen barreras, señalización, supervisión o conocimientos básicos de seguridad.

Más del 90% de estas muertes ocurre en países de ingresos bajos y medianos, donde las comunidades suelen tener una mayor exposición cotidiana al agua y menos recursos para reducir los riesgos. Los niños, las personas con discapacidad, quienes viven en zonas rurales y los trabajadores que desarrollan sus actividades cerca del agua figuran entre los grupos más vulnerables, particularmente cuando carecen de habilidades de natación, medidas de seguridad o supervisión adecuada.

“Cada ahogamiento es una tragedia y la mayoría puede prevenirse”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El responsable de la agencia subrayó que evitar estas muertes no corresponde únicamente a un ministerio o sector, sino que exige la participación conjunta de las autoridades de salud, educación, transporte, protección infantil, gestión de desastres y seguridad laboral.

De las barreras de protección a la enseñanza de la natación

Las siete medidas propuestas abarcan la construcción de infraestructuras que permitan una interacción más segura con el agua, como barreras alrededor de piscinas, pozos, canales y depósitos; la formación de ciudadanos y profesionales para realizar rescates y maniobras de reanimación; y la protección de quienes trabajan en actividades como la pesca, la agricultura, el transporte o la construcción cerca de ríos, lagos y costas.

El paquete también recomienda reforzar las normas de seguridad del transporte acuático, incorporar la enseñanza de natación básica y seguridad en el agua, garantizar sistemas adecuados de cuidado y supervisión infantil, y preparar a las comunidades frente a inundaciones, tormentas y otras emergencias. La estrategia destaca que medidas como habilitar espacios seguros para los niños, instalar barreras, capacitar a testigos para realizar rescates y exigir chalecos salvavidas y condiciones adecuadas en embarcaciones pueden aplicarse a gran escala y producir resultados concretos.

Estas acciones requieren la participación coordinada de múltiples sectores. Por ejemplo, las escuelas pueden incorporar la natación y la seguridad acuática a sus programas; las autoridades de transporte pueden exigir licencias, chalecos salvavidas y condiciones seguras en las embarcaciones; los gobiernos locales pueden proteger pozos y canales mediante barreras; y los servicios de emergencia pueden capacitar a su personal en rescate, búsqueda y reanimación.

El cambio climático aumenta los riesgos

La OMS advierte de que el cambio climático está agravando el peligro de ahogamiento al aumentar la frecuencia e intensidad de las inundaciones, las tormentas y las olas de calor. Las temperaturas elevadas también llevan a más personas a buscar alivio en playas, ríos, lagos y piscinas, en ocasiones sin supervisión, conocimientos de natación o servicios adecuados de rescate.

Un estudio realizado en el Reino Unido determinó que las muertes por ahogamiento aumentan un 7,2% por cada grado centígrado adicional de temperatura. El riesgo es casi cinco veces mayor durante los días que superan los 25 grados que cuando las temperaturas se mantienen por debajo de los diez grados, lo que refuerza la necesidad de incluir la seguridad acuática en las políticas climáticas y en los planes nacionales de reducción del riesgo de desastres.

La estrategia mundial señala que las inundaciones, las tormentas y otros fenómenos extremos pueden incrementar drásticamente la exposición al peligro, en particular entre las personas que viven en zonas costeras, llanuras inundables o asentamientos cercanos al agua. Por ello, recomienda que la prevención forme parte de los planes de adaptación climática, gestión de emergencias, urbanismo y protección comunitaria. 

Ghana refuerza su liderazgo

El paquete fue presentado en Ghana para reconocer el creciente compromiso político del país con la prevención. Se estima que alrededor de 1100 personas mueren ahogadas cada año en el país, lo que equivale a unas tres víctimas diarias, con una incidencia especialmente elevada entre los niños y los adultos jóvenes.

La OMS espera que el lanzamiento impulse a otros gobiernos a adoptar políticas basadas en la evidencia y a reforzar la coordinación entre instituciones y comunidades. La iniciativa se apoya en más de una década de cooperación entre la agencia, los gobiernos y organizaciones asociadas para desarrollar programas de prevención y mejorar los conocimientos sobre un problema que, pese a su magnitud, puede evitarse mediante soluciones eficaces, accesibles y adaptadas a cada realidad.

El lema de este año, “Unidos para cambiar el rumbo”, recuerda que prevenir los ahogamientos exige una responsabilidad compartida y una actuación coordinada. Aunque la tasa mundial de mortalidad por esta causa ha disminuido un 38% desde el año 2000, cientos de miles de personas continúan perdiendo la vida cada año en circunstancias que, en gran medida, pueden prevenirse.

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Cerca de 470 millones de habitantes de las Américas, el equivalente a dos de cada cinco personas, viven con al menos una afección neurológica o relacionada con lesiones del sistema nervioso. 

Según un análisis publicado en The Lancet Regional Health – Americas, la región enfrenta una transición epidemiológica crítica: aunque la mortalidad por estos trastornos ha disminuido desde 1990, la carga se está desplazando hacia la discapacidad crónica, exigiendo una reconfiguración urgente de los sistemas de salud.

El estudio, liderado por investigadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y basado en el Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad 2023, revela que en 2023 estas patologías causaron aproximadamente 1,1 millones de muertes y fueron responsables de 37,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad. En conjunto, representan el 12 % de la carga total de enfermedades no transmisibles y lesiones en la región. 

“Hoy más personas sobreviven a los trastornos neurológicos, pero también viven más tiempo con sus consecuencias. Esto exige que los sistemas de salud se adapten para ofrecer más rehabilitación, cuidados de largo plazo y apoyo a las personas que viven con discapacidad”, señaló Ramón Martínez, especialista en métricas de salud de la OPS y autor principal del trabajo.

Migraña, Alzheimer y autismo marcan el perfil regional

La investigación, que analizó 19 trastornos en 38 países y territorios entre 1990 y 2023, destaca que la migraña y la cefalea tensional concentran el mayor número de casos, impactando severamente la calidad de vida y la productividad laboral. Sin embargo, en términos de pérdida de salud medida en años de vida ajustados por discapacidad, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, junto con los accidentes cerebrovasculares (ACV), lideran la carga. 

El impacto varía según la etapa vital: en menores de cinco años predominan los defectos del tubo neural, los trastornos del espectro autista y la epilepsia; en jóvenes y adultos jóvenes, la migraña es una causa principal de discapacidad; y en adultos mayores, el Alzheimer y los accidentes cerebrovasculares concentran la mayor presión sobre los sistemas sanitarios. 

Factores de riesgo prevenibles y desigualdades estructurales

Los expertos subrayan que una proporción significativa de esta carga es prevenible. La hipertensión arterial se identifica como el principal factor de riesgo para los distintos tipos de accidentes vasculares, mientras que los niveles elevados de glucosa impulsan la carga asociada al Alzheimer y otras demencias. Factores ambientales como la contaminación del aire y la exposición al plomo también agravan la situación. 

“Muchos de estos trastornos comparten factores de riesgo con otras enfermedades no transmisibles. Una mejor prevención de la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo generaría beneficios directos para la salud neurológica”, afirmó el doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS. 

Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental de la organización, añadió que “proteger la salud cerebral comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas”.

Desigualdad regional

No obstante, la carga no se distribuye equitativamente. El estudio encuentra diferencias de casi cuatro veces entre los países con mayor y menor impacto. Las tasas más altas se registran en Haití, Guyana, Surinam, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana y Paraguay, mientras que las más bajas corresponden a Puerto Rico y varias naciones sudamericanas. 

Estas disparidades reflejan brechas estructurales en la exposición a riesgos y, sobre todo, en el acceso a servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La escasez crónica de especialistas, junto con la limitada disponibilidad de medicamentos y tecnologías esenciales, sigue dejando a millones sin la atención que requieren.

Hacia una atención neurológica integrada

Frente a este escenario, los autores proponen tres líneas de acción prioritarias: 

• integrar la atención neurológica en la atención primaria de salud
• ampliar drásticamente el acceso a servicios de rehabilitación y cuidados de largo plazo
• reforzar las políticas de prevención de factores de riesgo modificables

Con una población que envejece rápidamente en las Américas, los investigadores advierten que invertir en prevención y fortalecer las redes de apoyo no es solo una cuestión de salud pública, sino un imperativo para garantizar la calidad de vida de cientos de millones de personas en las décadas venideras. Muchas de las intervenciones necesarias ya forman parte de las estrategias contra las enfermedades no transmisibles, lo que ofrece una oportunidad concreta para integrar la salud cerebral en las políticas y programas existentes sin partir de cero.

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Los siniestros viales provocan cerca de 1,2 millones de muertes cada año y continúan siendo la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Aunque la cifra mundial ha disminuido un 21 % desde 2011, los avances siguen siendo insuficientes para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones de tránsito antes de 2030.

Con ese propósito, dirigentes, ministros y especialistas de todo el mundo participan este lunes y martes en una reunión de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, convocada por la  presidenta de la Asamblea General y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El encuentro busca transformar los compromisos políticos en acciones concretas que permitan acelerar el progreso durante el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.

Acelerar los compromisos

Según los datos más recientes, 1,16 millones de personas murieron en las carreteras en 2025, a pesar de que durante la última década se incorporó más de mil millones de vehículos al parque automotor mundial. Para la OMS, estas cifras muestran que todavía queda mucho por hacer para convertir la seguridad vial en una prioridad de salud pública.  

Durante la reunión se examinará una declaración de progreso negociada previamente por los Estados Miembros, además de experiencias nacionales que han permitido reducir las muertes en las carreteras. La OMS también celebrará un evento paralelo para analizar cómo convertir los compromisos internacionales en resultados concretos.

“Este progreso demuestra que el cambio es posible cuando los países invierten en sistemas viales seguros”, afirmó el doctor Tedros , quien recordó que las muertes por siniestros viales son evitables si se aplican políticas eficaces.

Una prioridad permanente

En un informe presentado este año, el Secretario General de las Naciones Unidas subraya que la seguridad vial debe convertirse en una prioridad permanente de los gobiernos mediante instituciones sólidas, planes de largo plazo y objetivos medibles, con el apoyo del sector privado, la sociedad civil y los jóvenes.

Entre las medidas más eficaces figuran:

• el diseño de carreteras más seguras
• el control de la velocidad
• el uso del cinturón de seguridad y del casco
• la mejora de la seguridad de los vehículos
• una atención rápida y adecuada a las víctimas después de un siniestro 

La reunión de alto nivel busca precisamente impulsar estas acciones para que los compromisos asumidos en 2022 y reforzados en la Conferencia Ministerial de Marrakech de 2025 se traduzcan en menos muertes y lesiones en todo el mundo.

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El acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene sigue siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública mundial. Aunque se han logrado avances desde 2015, 2100 millones de personas todavía no disponen de agua potable gestionada de forma segura y 3400 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. Ante esta realidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una nueva estrategia para la próxima década con la que busca fortalecer el apoyo a los países, movilizar inversiones y mejorar la coordinación entre los sectores de la salud, el agua y el medio ambiente.  

El objetivo es mejorar la salud mediante una gestión segura del agua, el saneamiento, la higiene y los residuos en hogares, escuelas, centros de salud y otros espacios. La OMS también pretende que estos servicios se incorporen de forma más clara a las políticas sanitarias, los planes de adaptación al cambio climático y la preparación frente a emergencias, de manera que dejen de considerarse una cuestión aislada de infraestructura y pasen a entenderse como una parte esencial de la protección de la salud.  

Una crisis que se puede prevenir

La falta de agua segura, saneamiento e higiene provoca al menos 1,4 millones de muertes evitables al año. Además, 106 millones de personas siguen bebiendo directamente de ríos, lagos u otras fuentes superficiales sin tratar, mientras que 354 millones todavía practican la defecación al aire libre. Estas condiciones facilitan la propagación de enfermedades y afectan especialmente a las comunidades rurales, las poblaciones desplazadas y quienes viven en zonas donde los servicios públicos son más débiles.  

Los riesgos también están aumentando debido al cambio climático, los brotes de enfermedades, la migración y el envejecimiento de las infraestructuras. Las sequías reducen la disponibilidad de agua, mientras que las inundaciones pueden contaminar fuentes y dañar redes de distribución. La OMS advierte, además, de que muchas instalaciones sanitarias carecen de servicios básicos: en 2023, alrededor de 1100 millones de personas fueron atendidas en centros sin agua suficiente, 1700 millones en instalaciones sin servicios básicos de higiene y 2800 millones en centros sin una gestión adecuada de los residuos.

Los avances demuestran que es posible actuar

A pesar de la magnitud del problema, la Organización destaca que las políticas adecuadas producen resultados. Desde 1990, las muertes por enfermedades diarreicas han disminuido cerca de un 80 %, más de 2000 millones de personas han obtenido acceso a agua potable gestionada de forma segura y casi 3000 millones han accedido a mejores servicios de saneamiento. Estas mejoras muestran que invertir en agua, higiene y saneamiento no solo previene enfermedades, sino que también reduce la presión sobre hospitales y sistemas de salud.  

El informe señala que una mejor gestión del agua y los residuos también puede ayudar a prevenir infecciones en los hospitales, controlar brotes como el cólera y reducir enfermedades transmitidas por mosquitos. Asimismo, destaca el potencial de analizar las aguas residuales para detectar de forma temprana la circulación de virus y otros agentes infecciosos, una herramienta que puede complementar la vigilancia clínica y permitir respuestas más rápidas ante futuras emergencias.  

Servicios preparados para el cambio climático

La nueva estrategia pone especial énfasis en hacer que los sistemas de agua y saneamiento sean capaces de resistir sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos cada vez más frecuentes. Para ello, la OMS propone incorporar los riesgos climáticos en las normas de calidad del agua, la vigilancia, las políticas nacionales y los planes de adaptación, además de mejorar la gestión de las aguas residuales y de los residuos generados por los servicios sanitarios.  

La organización también busca fortalecer la recopilación de datos, apoyar a los gobiernos en la elaboración de normas y mejorar la cooperación entre ministerios, reguladores, proveedores de servicios y organismos internacionales. La OMS aclara que no construye tuberías ni sistemas de alcantarillado: su función es establecer estándares de salud, ofrecer asesoramiento técnico y ayudar a los países a crear servicios seguros, regulados y sostenibles, especialmente en comunidades rurales, zonas frágiles y lugares afectados por emergencias.  

La estrategia también refuerza la colaboración con UNICEF, que se centra en ayudar a los países a ampliar los servicios para niños, adolescentes y poblaciones vulnerables. Ambas agencias trabajan juntas para establecer orientaciones comunes, vigilar los avances y convertir los datos y las normas en mejoras concretas que protejan la salud y reduzcan las desigualdades.

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