El Secretario General de la ONU y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja pidieron este martes a los Estados que den el paso que llevan años discutiendo: comenzar a negociar reglas jurídicamente vinculantes para establecer prohibiciones y restricciones claras sobre los sistemas de armas autónomas.

António Guterres y Mirjana Spoljaric señalaron noviembre como un momento decisivo. La Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales ofrece, según ambos, la vía más clara para que los países acuerden iniciar formalmente esas negociaciones.

La petición llega tres años después de su primer llamamiento conjunto y en un momento en que, según advierten, la distancia entre los avances tecnológicos y la capacidad de los Estados para regularlos se ha ampliado.

“Hoy renovamos este llamamiento con una urgencia aún mayor. Las preocupaciones fundamentales no han cambiado, pero los riesgos se han intensificado. Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos”, señalan en una declaración.

El control humano, en el centro del debate

La preocupación central es cuánto control conservarán las personas sobre el uso de la fuerza a medida que las armas adquieren mayores niveles de autonomía.

Guterres y Spoljaric sostienen que una mayor autonomía supone una escalada porque reduce el control humano sobre el uso de la fuerza, en momentos en que las tecnologías avanzadas empleadas en los campos de batalla ya están aumentando los riesgos para los civiles y la infraestructura civil.

Para ambos dirigentes, ha llegado el momento de transformar años de discusiones en normas concretas.

“Los Estados deben mostrar valentía política y pasar de las discusiones graduales a una acción decisiva”.

Cuando también se vuelve difícil saber quién responde

Una mayor autonomía plantea además una cuestión esencial en cualquier conflicto: quién responde cuando se comete un error o se viola el derecho internacional.

El llamamiento advierte que, sin prohibiciones y restricciones claras, podría ser cada vez más difícil establecer responsabilidades por errores o infracciones, y podrían erosionarse las protecciones que garantiza el derecho internacional humanitario.

“Una falta de acción rápida y decisiva costará vidas. Dejará a las generaciones futuras un mundo en el que la ausencia de prohibiciones y restricciones claras y específicas sobre estas armas abre la puerta a prácticas que erosionarían las protecciones que el derecho internacional humanitario debe garantizar”.

Una carrera que ya comenzó

Según Guterres y Spoljaric, la carrera hacia sistemas con mayores niveles de autonomía ya está en marcha, y la propia comunidad tecnológica ha comenzado a advertir sobre los riesgos.

Científicos e ingenieros implicados en el desarrollo de estos sistemas han pedido establecer límites.

“Cuando los arquitectos de esta tecnología están pidiendo límites, los Estados no pueden permitirse permanecer pasivos”.

Noviembre, una oportunidad para pasar a la negociación

Los Estados llevan años discutiendo estas armas tanto en la Asamblea General de la ONU como en un grupo de expertos gubernamentales de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales.

Según el llamamiento, esas conversaciones han permitido avanzar hacia un entendimiento común sobre el grado de juicio y control humano que debe mantenerse y sobre las medidas necesarias para cumplir con el derecho internacional humanitario, atender las preocupaciones éticas y reducir el sufrimiento en los conflictos armados.

Guterres y Spoljaric consideran que ese trabajo ofrece ya una base para negociar un instrumento jurídicamente vinculante. La Conferencia prevista para noviembre, consideran, es la oportunidad para que los Estados decidan dar ese paso, y evitar que los avances de los últimos tres años se pierdan.

La decisión, dicen, tendrá consecuencias mucho más allá de los conflictos actuales.

“Las generaciones futuras preguntarán si los líderes actuaron cuando todavía existía la posibilidad de establecer límites antes de que estas armas proliferaran fuera de control”, señalan.

“El camino está claro. La necesidad es urgente. La innovación debe servir a la humanidad, no ponerla en peligro”.

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La Corte Penal Internacional (CPI) deploró el anuncio de la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra su presidenta y un fiscal de alto rango, calificándolas de “un ataque flagrante” contra el tribunal.

“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa en virtud del mandato que le han conferido sus Estados Parte de distintas regiones”, señaló la Corte en un comunicado.

La Corte, creada en 2002 en virtud del Estatuto de Roma, es una institución independiente y no forma parte de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, sin embargo, puede remitir casos al tribunal.

Con el consentimiento de los países que han firmado el Estatuto, la Corte procesa a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo el miércoles a los periodistas que el Secretario General, António Guterres, estaba “seriamente preocupado” por la última medida de Estados Unidos, así como por las continuas sanciones contra otros empleados de la Corte.

Estados Unidos intensifica su ofensiva

Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma, teme que el tribunal pueda procesar a ciudadanos estadounidenses por delitos graves presuntamente cometidos en países que, a diferencia de Washington, reconocen la autoridad de la Corte.

El martes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y el fiscal principal de juicio Abdoulaye Seye. Washington ya había sancionado al exfiscal jefe Karim Khan, quien posteriormente fue destituido de su cargo.

Según informaciones de prensa, Seye ha participado en la investigación sobre la financiación israelí de asentamientos ilegales en Cisjordania y la presunta distribución de armas a los colonos.

En noviembre de 2024, la Corte, bajo la dirección del fiscal Khan, emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la guerra contra Hamás en Gaza.

Las sanciones se suman a las impuestas anteriormente por EE. UU. contra la Corte durante los dos mandatos del presidente Donald Trump, así como a las declaraciones de Rubio del 13 de julio de que Estados Unidos tenía la intención de “desmantelar” la “amenaza” que el tribunal supone para la soberanía estadounidense.

Nueve de los 18 jueces de la Corte, además de sus dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal, tienen ahora prohibido realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses y están sujetos a importantes restricciones en el sistema financiero mundial.

La Corte es “un pilar fundamental” de la justicia penal internacional

“Aunque las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional son instituciones separadas, con mandatos distintos y diferenciados, como hemos dicho en numerosas ocasiones, las Naciones Unidas consideran que la CPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional y el Secretario General respeta profundamente su labor”, afirmó Dujarric.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que las nuevas sanciones son “inaceptables” y deben levantarse.

“Volker Türk reitera su llamado a los Estados para que salgan en defensa de las instituciones que ellos mismos han creado para promover y defender los derechos humanos y el Estado de derecho, y para que protejan a los funcionarios de la Corte que son blanco de tales represalias”, dijo la Oficina en una publicación en redes sociales. 

En su réplica, la Corte subrayó que “el propio orden jurídico internacional está en riesgo” cuando se amenaza a jueces por aplicar la ley.

“Las amenazas y las medidas coercitivas también afectan a la capacidad de las víctimas para buscar justicia, ya que recurren a la Corte cuando se han agotado todas las demás vías”, señaló.

El tribunal afirmó que respalda a su personal y a las víctimas de “atrocidades inimaginables” y añadió que continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad.

Aseguró que valora las constantes muestras de solidaridad de los Estados Parte, la sociedad civil y todos aquellos que apoyan el Estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales. 

“La Corte continuará su labor, con todos sus socios y con el apoyo inquebrantable de sus Estados Parte, para garantizar la aplicación efectiva e independiente de su mandato”, concluyó.

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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha identificado 14 tipos de equipos utilizados legalmente en sectores como las industrias farmacéutica, química, alimentaria y cosmética que también pueden ser desviados para fabricar drogas ilícitas. 

Entre ellos figuran máquinas industriales para mezclar sustancias, equipos para realizar y controlar reacciones químicas y maquinaria capaz de comprimir polvos para fabricar medicamentos, suplementos o incluso determinados tipos de dulces, pero que también puede utilizarse para producir pastillas de drogas ilícitas. Otros equipos permiten introducir sustancias en cápsulas, una tecnología empleada habitualmente en la fabricación de medicamentos y suplementos.

Estos equipos también tienen aplicaciones legítimas en la industria veterinaria y en hospitales, laboratorios, universidades y centros de investigación. Su amplia utilización y la posibilidad de que una misma máquina tenga múltiples usos plantean uno de los principales desafíos para las autoridades: evitar que termine en manos de fabricantes ilícitos sin obstaculizar el comercio ni las actividades industriales y científicas legítimas.

Una nueva evaluación de la JIFE analiza por primera vez de manera integral las industrias y los actores que intervienen en la fabricación, comercialización y distribución de estos equipos. El objetivo es ofrecer a los gobiernos una base para comprender cómo circulan, detectar vulnerabilidades y reforzar la cooperación con fabricantes, distribuidores y otros actores del sector privado. 

Equipos que pueden circular durante décadas

A diferencia de los precursores químicos utilizados para fabricar drogas, que suelen consumirse o transformarse durante los procesos de producción, las máquinas pueden utilizarse repetidamente, venderse, trasladarse, reacondicionarse y exportarse varias veces a lo largo de su vida útil. Esto hace que conocer únicamente al fabricante y al comprador original no sea suficiente para garantizar su trazabilidad.

Por ello, la JIFE amplía la mirada hacia toda la cadena de suministro. Además de fabricantes, importadores y distribuidores, identifica a empresas de logística, intermediarios, comerciantes de segunda mano, compañías dedicadas al reacondicionamiento de maquinaria, plataformas digitales y servicios encargados de desmontar, reciclar o destruir los equipos cuando dejan de utilizarse.

El desafío ha cobrado mayor relevancia con la expansión de la fabricación de drogas sintéticas, que puede requerir maquinaria más compleja y especializada que la utilizada tradicionalmente para producir drogas de origen vegetal como la cocaína o la heroína.

El mercado de segunda mano, un punto vulnerable

La compraventa de maquinaria usada cumple una función importante para pequeñas y medianas empresas, instituciones de investigación y nuevos emprendimientos que buscan alternativas más económicas. Un equipo reacondicionado puede costar entre 30% y 60% menos que uno nuevo, lo que explica la expansión de este mercado y la prolongación de la vida útil de muchas máquinas.

Sin embargo, a medida que los equipos cambian de propietario, la información sobre su origen, mantenimiento y destino puede perderse. La JIFE señala que las subastas industriales presentan desafíos particulares, ya que la maquinaria puede comercializarse con documentación limitada sobre propietarios anteriores, historial de mantenimiento o cumplimiento de requisitos regulatorios.

Las plataformas digitales añaden otra dimensión. Estos mercados han facilitado el acceso legítimo a equipos nuevos, usados y reacondicionados y permiten conectar compradores y vendedores de distintos países con mayor rapidez. Al mismo tiempo, multiplican las vías por las que la maquinaria puede circular internacionalmente, lo que aumenta la importancia de contar con mecanismos adecuados de trazabilidad.

De los medicamentos a los alimentos

La amplitud del mercado explica la dificultad de vigilar estos productos. Las prensas para tabletas y las máquinas encapsuladoras, por ejemplo, son fundamentales para la producción farmacéutica, mientras que evaporadores, condensadores y recipientes de reacción se utilizan ampliamente en laboratorios, industrias químicas y centros de investigación.

Otros sectores son menos evidentes. La industria de suplementos utiliza maquinaria similar a la farmacéutica para producir vitaminas, minerales y otros productos en tabletas o cápsulas, mientras que algunas fábricas de dulces emplean prensas para elaborar caramelos comprimidos. En el sector alimentario, determinados equipos sirven para concentrar extractos y esencias, elaborar ingredientes o controlar la temperatura de productos como miel, aceites y grasas.  

El tamaño de estos mercados también es considerable. Las estimaciones recopiladas por la JIFE sitúan el mercado mundial de máquinas encapsuladoras en unos 2780 millones de dólares, el de equipos de mezcla en 2500 millones y el de prensas para tabletas en 1600 millones, lo que refleja la enorme circulación legítima de maquinaria que también puede tener un uso ilícito. 

La impresión 3D abre un nuevo desafío

La JIFE también advierte sobre una tendencia emergente: la impresión 3D. Esta tecnología ya permite fabricar determinados componentes de equipos, incluidas algunas piezas de prensas para tabletas, utilizando dispositivos relativamente económicos y archivos digitales.

Por ahora, los intentos de producir tabletas ilícitas con equipos fabricados mediante impresión 3D se han limitado a diseños básicos y de baja capacidad, muy lejos del rendimiento de la maquinaria industrial. Sin embargo, los avances en impresión con metales, resistencia de materiales y precisión mecánica podrían permitir fabricar componentes más sofisticados en el futuro. 

Esto plantea un desafío particular para los sistemas de control tradicionales, que dependen de vigilar el comercio internacional, las ventas y el movimiento físico de las máquinas. La fabricación a partir de archivos digitales podría permitir producir determinadas piezas localmente, sin que estas tengan que atravesar una frontera o una cadena comercial convencional.

Más cooperación con el sector privado

La JIFE considera que la respuesta pasa por reforzar la cooperación entre los gobiernos y las empresas que participan en cada etapa de la cadena, desde la fabricación y distribución hasta la reventa y eliminación definitiva de los equipos.

El propósito no es restringir maquinaria utilizada diariamente por industrias legítimas, sino mejorar la visibilidad y trazabilidad de su circulación para detectar posibles desvíos. La publicación constituye así un primer paso de una iniciativa más amplia para ayudar a las autoridades nacionales a trabajar con el sector privado y encontrar un equilibrio entre facilitar el comercio legítimo y reducir las oportunidades para la fabricación ilícita de drogas.

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Entre 2020 y 2050, América Latina tendrá 38,3 millones de personas menos en edad escolar.

La caída de la natalidad modificará la demanda de docentes, las necesidades de infraestructura y la distribución de los recursos educativos. Así lo señala un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La fecundidad en la región pasó de 5,8 hijos por mujer en 1950 a 1,8 en la actualidad. Entre 2018 y 2023, los mayores descensos en el número de nacimientos se registraron en Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay.

Los efectos de este declive llegarán primero a la educación infantil. Después, a la primaria y, finalmente, a la secundaria.

El informe subraya, sin embargo, que menos estudiantes no significa necesariamente menos necesidades educativas.

En América Latina, solo el 72% de la población en edad de asistir a la educación infantil está escolarizada. Y alrededor del 41% no termina la secundaria.

Por eso, una menor matrícula no debería traducirse automáticamente en cierres de escuelas o recortes presupuestarios.

Los recursos disponibles podrían utilizarse para reducir el número de estudiantes por aula, ampliar la cobertura y fortalecer la educación.

El estudio estima que el cambio demográfico podría liberar, hacia 2050, alrededor del 30% de los recursos financieros que actualmente se destinan a cada nivel educativo, si se mantiene el gasto por estudiante.

La ONU y organizaciones humanitarias denuncian nuevas incursiones de las fuerzas israelíes en instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y un aumento de la violencia en la Cisjordania ocupada.

Ayer, fuerzas israelíes entraron por la fuerza en el Centro de Formación de Kalandia, en Jerusalén Este. Allí reunieron y retuvieron a personal educativo y estudiantes mientras realizaban operaciones en las instalaciones.

Es la segunda incursión en menos de un mes en este centro de formación profesional de la UNRWA. El Equipo Humanitario de la ONU advierte de que estas acciones obstaculizan la ayuda humanitaria y otros servicios esenciales.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos también alerta de un empeoramiento de la violencia.

Desde el pasado jueves, ocho palestinos, entre ellos un niño, y dos militares israelíes han muerto en Cisjordania, según informó la portavoz Ravina Shamdasani.

“Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, que a menudo actúan de forma conjunta, han atacado a las comunidades locales, agrediendo a familias, destruyendo y confiscando bienes, y quemando mezquitas. Las restricciones a la libertad de circulación son ahora más estrictas, lo que impide a los palestinos acceder a servicios esenciales”. 

La Oficina pidió a la comunidad internacional actuar con urgencia para frenar la violencia y el despojo de la población palestina y poner fin a la ocupación israelí.

El llamamiento tiene lugar tras el anuncio del gobierno israelí de aumentar aún más el número de asentamientos, que ya han alcanzado su máximo histórico.

La falta de alimentos y logística puede dificultar la contención del ébola en RD Congo

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se está propagando a gran velocidad. Ya afecta a 48 zonas sanitarias en cinco provincias del país.

La situación se complica por el conflicto, los desplazamientos y el hambre. Cerca de 10 millones de personas en el este del país afrontan niveles de inseguridad alimentaria de crisis o emergencia.

Más de 2,6 millones de personas en las zonas afectadas por el ébola sufren además inseguridad alimentaria aguda.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte de que el hambre también dificulta la lucha contra el virus. Sin comida, las familias pueden verse obligadas a salir de sus hogares para conseguir alimentos, dificultando las medidas de aislamiento.

Por eso, el PMA está distribuyendo comida a pacientes de ébola, personas que estuvieron en contacto con ellos, trabajadores sanitarios y familias afectadas.

Hasta ahora, ha entregado más de 160.000 comidas calientes en 17 centros de tratamiento y aislamiento. También ha proporcionado raciones alimentarias a 23.000 personas.

La agencia apoya además el transporte de personal humanitario y suministros. Su servicio aéreo ha realizado 495 vuelos desde el comienzo del brote.

El PMA necesita 101 millones de dólares durante los próximos seis meses para responder al ébola en la región. De ellos, 76 millones son para la RDC.

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Las redes criminales están utilizando falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales para captar personas que, una vez llegan a otro país, son obligadas a participar en estafas por internet. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió este lunes que esta modalidad se ha convertido en una de las formas de trata de personas de más rápido crecimiento en el mundo y afecta ya a víctimas procedentes de más de 80 países.

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, la agencia explicó que muchas de las personas reclutadas aceptan supuestas oportunidades laborales en el extranjero. Sin embargo, al llegar a su destino, sus documentos son confiscados y quedan encerradas en complejos donde son sometidas a vigilancia constante, violencia física, amenazas, endeudamiento forzado y, en muchos casos, torturas, abusos sexuales, aislamiento y privación de alimentos para obligarlas a participar en operaciones de fraude en línea.

Víctimas, no delincuentes

“Las personas atrapadas en estos centros de estafas son víctimas de trata, obligadas a cometer delitos mediante violencia, amenazas y coacción. Merecen protección, no castigo”, afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope.

La responsable explicó que muchas familias venden tierras o contraen deudas para financiar el viaje de un familiar convencidas de que obtendrá un empleo legítimo. Después, cuando descubren que ha sido retenido por las redes criminales, algunas vuelven a endeudarse para pagar rescates. Quienes logran regresar a sus países suelen hacerlo profundamente traumatizados, sin recursos económicos y cargando con importantes deudas.

Un negocio criminal que mueve miles de millones

La OIM señaló que esta modalidad de trata está altamente organizada y genera enormes beneficios para las organizaciones criminales. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las pérdidas provocadas por las estafas en línea en Asia Oriental, Asia Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda oscilaron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares solo en 2025.

Se calcula además que alrededor de 300.000 personas trabajan en centros de estafas del Sudeste Asiático. Aunque no todas son víctimas de trata, la OIM considera que una proporción significativa permanece allí contra su voluntad.

Amy Pope explicó que las redes buscan principalmente personas con estudios superiores, conocimientos de inglés y habilidades tecnológicas, especialmente en países donde existen menos oportunidades de empleo. También advirtió que muchas de las víctimas viajan con visados de turista en lugar de permisos de trabajo, una señal de alerta que puede ayudar a detectar este tipo de engaños.

Las redes amplían su alcance

Aunque este fenómeno comenzó principalmente en Asia, la OIM advirtió que las redes criminales han ampliado rápidamente su alcance gracias a las redes sociales y ahora reclutan personas de prácticamente todas las regiones del mundo.

La agencia indicó que los centros de estafas suelen instalarse en zonas fronterizas o en regiones con escasa presencia del Estado, donde la capacidad de las autoridades para investigar y perseguir a los responsables es limitada. La naturaleza transnacional de estos delitos también facilita que los traficantes eludan la justicia aprovechando las diferencias entre los sistemas legales de distintos países.

Proteger a las víctimas y perseguir a los responsables

Entre 2022 y 2025, la OIM brindó asistencia a más de 3500 víctimas de trata con fines de criminalidad forzada en el Sudeste Asiático, procedentes de 39 países, entre ellos Indonesia, India, Sri Lanka, Etiopía, Kenia y Bangladesh.

La organización presentó además una nueva estrategia regional para Asia y el Pacífico (2026-2030), orientada a fortalecer la prevención, mejorar la identificación de víctimas, facilitar su retorno seguro y su reintegración, reforzar la cooperación entre países y aumentar la capacidad de los gobiernos para investigar estos delitos y llevar a los traficantes ante la justicia.

La OIM insistió en que rescatar a las víctimas es solo el primer paso. Muchas regresan con graves secuelas psicológicas, sin documentos de identidad, estigmatizadas y con temor a ser procesadas por los delitos que fueron obligadas a cometer. Por ello, pidió redoblar los esfuerzos para protegerlas, desmontar las redes criminales y alertar a la población sobre las tácticas utilizadas por los traficantes para captar nuevas víctimas.

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El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO inscribió este lunes seis nuevos lugares en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, al considerar que enfrentan amenazas graves derivadas de conflictos armados, el desarrollo urbano, la caza furtiva, el tráfico de fauna y otros factores que ponen en riesgo su conservación.

La decisión fue adoptada durante la reunión del Comité celebrada en Busan, República de Corea. La UNESCO explicó que el uso del procedimiento de emergencia para tres de los sitios responde al creciente número de crisis que afectan al patrimonio cultural y natural en distintas regiones del mundo y exigen medidas inmediatas para favorecer su protección.

Los tres lugares incorporados simultáneamente a la Lista del Patrimonio Mundial y a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro son el Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo, en Sudán del Sur; los Castillos del Monte Amel, en Líbano; y Sebastia, en el Estado de Palestina.

El paisaje de Boma-Badingilo alberga la mayor migración terrestre conocida de mamíferos del planeta y constituye uno de los ecosistemas más importantes de la sabana africana. Sin embargo, la expansión de infraestructuras, la caza furtiva comercial, el tráfico de fauna silvestre y la persistente inseguridad dificultan su conservación.

En el caso de los Castillos del Monte Amel, la UNESCO señaló que los enfrentamientos en Líbano están causando graves daños a este conjunto de fortalezas que documenta la evolución de los sistemas defensivos desde la época de las Cruzadas hasta finales del siglo XIX. Por su parte, Sebastia enfrenta riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio, además de proyectos de desarrollo y de la prevista creación de un parque nacional que podría fragmentar el sitio arqueológico.

Tres sitios ya inscritos pasan a estar en peligro

El Comité también decidió incorporar a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro otros tres lugares que ya figuraban como Patrimonio Mundial: la Ciudad Antigua de Táurica Quersoneso y su Chora, en Ucrania; el Centro Histórico de Paramaribo, en Surinam; y Tiro, en Líbano.

Respecto al sitio ucraniano, la UNESCO expresó su profunda preocupación por el deterioro registrado desde la ocupación temporal de Crimea por la Federación de Rusia. El organismo indicó que el seguimiento mediante imágenes satelitales ha permitido detectar nuevas construcciones y excavaciones arqueológicas de gran escala que han afectado la autenticidad e integridad del lugar.

En Paramaribo, el Comité reconoció los esfuerzos de conservación realizados por Surinam, pero concluyó que varios proyectos de construcción recientes alteran de forma significativa el paisaje urbano histórico. En cuanto a Tiro, la UNESCO consideró que las hostilidades en Líbano ya no permiten garantizar la adecuada protección de este importante sitio arqueológico y pidió a todas las partes respetar sus obligaciones de proteger el patrimonio cultural durante los conflictos armados.

Un patrimonio cada vez más amenazado

La UNESCO recordó que la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro busca movilizar el apoyo internacional y promover acciones urgentes de conservación cuando un sitio enfrenta amenazas graves que ponen en riesgo su valor universal excepcional.

El Comité del Patrimonio Mundial continuará examinando nuevas candidaturas hasta el 27 de julio.

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ONU Derechos Humanos denuncia posibles crímenes de guerra en Líbano

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que su Oficina ha documentado violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario durante el conflicto en Líbano, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra.

Al concluir una visita oficial al país, Türk señaló que los continuos ataques aéreos y operaciones terrestres israelíes han causado un elevado número de víctimas civiles, desplazamientos masivos y una destrucción generalizada de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructuras esenciales. También recordó que los cohetes lanzados por Hezbolá contra zonas pobladas de Israel han provocado víctimas civiles y daños materiales.

Según las autoridades libanesas, desde el 2 de marzo más de 4300 personas han muerto y 12.200 han resultado heridas en el país.

El Alto Comisionado anunció que ya se encuentra desplegada en el Líbano una misión independiente acordada con el Gobierno para recopilar pruebas sobre presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes desde el inicio de la actual escalada del conflicto.

La declaración se produjo apenas tres días después de que la Asamblea General de la ONU renovara el mandato de Volker Türk por otros cuatro años, con el respaldo de 144 Estados miembros, pese a la oposición de Estados Unidos, Israel y Rusia. El Alto Comisionado continuará en el cargo hasta octubre de 2030.

Piden a Venezuela reconsiderar su salida de la Corte Penal Internacional

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó su profunda preocupación por el anuncio del Gobierno de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional.

Los expertos advirtieron que esta decisión plantea serias dudas sobre el compromiso de las autoridades con la rendición de cuentas y podría reforzar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos.

La Misión señaló que el anuncio llega en un momento crítico, cuando las víctimas necesitan garantías de justicia, verdad y esclarecimiento de los hechos ocurridos durante más de una década.

Además, afirmó que las autoridades no han adoptado medidas significativas para investigar las graves violaciones e ilícitos internacionales documentados en el país y sostuvo que abandonar la Corte supone alejarse de los mecanismos internacionales destinados a promover esa rendición de cuentas.

Persisten riesgos sanitarios por los daños del terremoto en Venezuela

A un mes de los terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que la emergencia entra en una nueva etapa, centrada en la recuperación del sistema sanitario y la prevención de enfermedades.

Según las cifras oficiales, los sismos dejaron 5398 fallecidos, 16.740 heridos y más de 23.000 personas desplazadas, que aún permanecen en campamentos temporales.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa destacó que la organización ha movilizado 33,5 toneladas de medicamentos, equipos médicos e insumos esenciales, además de coordinar el despliegue de 22 equipos médicos de emergencia, que han realizado casi 24.000 consultas y más de 430 cirugías en las zonas afectadas.

Advirtió que, aunque la atención a los heridos disminuye, persisten riesgos sanitarios por los daños en los sistemas de agua y saneamiento, el hacinamiento en los refugios y la interrupción de servicios esenciales.

Por ello, la OPS apoyará la recuperación de hospitales dañados, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la protección del personal sanitario.

Alertan sobre la expansión de la trata con fines de estafas en línea hacia América Latina

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que la trata de personas para obligar a las víctimas a cometer estafas en internet ya no se limita al sudeste asiático y se está extendiendo a otras regiones, entre ellas América Latina y el Caribe.

En el sudeste asiático, la zona más perjudicada, la agencia estima que más de 300.000 personas permanecen atrapadas en centros de fraude, donde son engañadas con falsas ofertas de empleo, les confiscan sus documentos y son obligadas a participar en estafas digitales para redes de delincuencia organizada.

Las víctimas son forzadas a realizar fraudes con criptomonedas, falsas inversiones, engaños románticos y apuestas ilegales bajo amenazas, violencia física y torturas. Según la agencia, solo en Asia oriental y sudoriental estas estafas provocaron pérdidas económicas de entre 18.000 y 37.000 millones de dólares en 2023.

En América Latina, UNODC trabaja con México, Guatemala y Perú para fortalecer la cooperación transfronteriza y desarrollar herramientas que permitan detectar de forma temprana este tipo de trata en entornos digitales.

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, la agencia pidió reforzar la cooperación internacional para desmantelar estas redes criminales y proteger a las víctimas.

Seis nuevos sitios a la Lista del Patrimonio Mundial en peligro

La Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incorporó seis nuevos sitios a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, tres de ellos mediante un procedimiento de emergencia debido a las graves amenazas que enfrentan por los conflictos armados, el cambio climático y otras crisis.

Entre las nuevas incorporaciones figuran el paisaje migratorio de Boma-Badingilo, en Sudán del Sur, que alberga la mayor migración terrestre de mamíferos conocida; los castillos del Monte Amel, en el Líbano, gravemente afectados por el conflicto; y el sitio arqueológico de Sebastia, en el Estado de Palestina, amenazado por planes de expropiación por parte de Israel y el impacto de la violencia en la región.

El Comité del Patrimonio Mundial también decidió incluir en la lista de sitios en peligro tres lugares ya inscritos: la antigua ciudad de Táurica Chersonese, en Ucrania, el centro histórico de Paramaribo, en Surinam, y la ciudad histórica de Tiro, en el Líbano.

La UNESCO explicó que esta clasificación busca movilizar apoyo internacional para proteger estos lugares de valor excepcional y recordó que el patrimonio cultural enfrenta riesgos cada vez mayores por los conflictos, el desarrollo no planificado y el deterioro ambiental.

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Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional destituyeron a su fiscal jefe, Karim Khan, tras un procedimiento disciplinario por conducta sexual inapropiada, en una sesión de emergencia celebrada el viernes en la Sede de la ONU en Nueva York.

La decisión fue tomada por mayoría simple durante una votación a puerta cerrada entre los 125 miembros de la Asamblea de los Estados parte para destituir Khan, a quien los Estados miembros habían elegido en 2021 para un mandato de nueve años como fiscal del tribunal.

«La Asamblea ha decidido por una mayoría de 82 Estado Parte que (…) el fiscal Karim Khan cometió una conducta e infracción grave de sus deberes (…) y (lo) destituye de su cargo», anunció el presidente de la Asamblea, haciendo un llamamiento a la dignidad y la privacidad de todos los implicados.

A petición de Khan, la CPI, que tiene un acuerdo de cooperación con la ONU, ha emitido varias órdenes de arresto de alto perfil en los últimos años, incluidas la del presidente ruso, Vladimir Putin, en 2023, en relación con presuntos crímenes de guerra relativos a la deportación y el «traslado ilegal» de niños de la Ucrania ocupada, y la del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en 2024, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

Los jueces y magistrados de la Corte se encuentran bajo sanciones de Estados Unidos emitidas tras las órdenes de arresto de Netanyahu y el exministro de defensa de Israel, Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, a quien también acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

La noticia de la destitución de Khan coincide con el anuncio de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma, tratado por el que se creó la Corte, según ha anunciado su canciller, Félix Plasencia. El ministro señaló que la decisión fue comunicada al Secretario General de la ONU por Delcy Rodríguez, quien sustituyó a Nicolás Maduro, removido del cargo tras un intervención militar de Estados Unidos en el país.

La Asamblea de la CPI deberá elegir a un nuevo fiscal en breve.

Condenas y limitaciones

Desde su creación en 2002 por el histórico Estatuto de Roma, la CPI ha establecido estándares internacionales para juzgar los crímenes más graves del mundo, con siete condenas y una lista actual de 34 casos.

El tribunal no puede realizar arrestos sin el apoyo de los Estados, en particular de sus 125 miembros.

No todas las naciones se han adherido, entre ellas Israel y Estados Unidos, que firmaron el Estatuto de Roma en 2000 pero aún no lo han ratificado.

Cronología de las denuncias por conducta sexual inapropiada

Las denuncias por mala conducta contra Khan se presentaron en 2024.

• En noviembre de 2024, la CPI solicitó una investigación externa por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS)
• En mayo de 2025, Khan anunció una excedencia en espera de la investigación de la OIOS, mientras los fiscales adjuntos de la CPI asumían el liderazgo de la Fiscalía
• En marzo de 2026, la Asamblea recibió las conclusiones de un panel de expertos judiciales
• En junio, una evaluación de la Oficina de la Asamblea de la CPI se basó en el informe de la OIOS, las pruebas subyacentes, el asesoramiento del panel de expertos judiciales y las presentaciones escritas
• En su reunión del 8 de junio, la Oficina, por mayoría cualificada, remitió el procedimiento disciplinario a la Asamblea, decidió suspender al fiscal de sus funciones con efecto inmediato en espera de una decisión final y acordó convocar una sesión especial

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte es un tribunal penal que puede incoar causas contra personas por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Creada pensando en los «millones de niños, mujeres y hombres» que «han sido víctimas de atrocidades inimaginables que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad», es el primer tribunal penal internacional permanente, basado en un tratado, que investiga y enjuicia a los autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes de agresión.

El tribunal no sustituye a los tribunales nacionales. Es un tribunal de última instancia. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar, juzgar y castigar a los autores de los delitos más graves.

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Nicaragua: Türk deplora la represión de las libertades civiles y políticas

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, deploró este miércoles las nuevas medidas que restringen las libertades civiles y políticas en Nicaragua.

Así lo comunicó su portavoz, Marta Hurtado. 

“Deploramos una serie de desarrollos recientes en Nicaragua que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población, incluidos las amenazas de prohibir la participación en las elecciones a quienes tengan opiniones políticas discrepantes. El espacio cívico está prácticamente cerrado. La expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática. Entendemos que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Instamos a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a que garanticen que todos aquellos privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad. Exhortamos a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de Derecho”.

Además, el Alto Comisionado manifestó preocupación por las denuncias de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, y pidió información sobre el paradero del obispo Abelardo Mata Guevara, detenido a finales de junio.

Guterres pide convertir los recursos naturales en motores de paz y no de conflicto

El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió este miércoles ante el Consejo de Seguridad que la explotación ilícita de recursos naturales sigue alimentando conflictos armados, fortaleciendo a grupos criminales y agravando las crisis humanitarias en distintas regiones del mundo.

Durante un debate sobre la gobernanza de los recursos naturales, Guterres señaló que minerales estratégicos como el litio, el cobalto y las tierras raras representan una oportunidad para el desarrollo, pero alertó de que también están intensificando la competencia geopolítica y la violencia. 

Citó como ejemplo el este de la República Democrática del Congo y Sudán, donde la explotación ilegal de minerales y oro financia a grupos armados.

El titular de la ONU pidió garantizar que los países productores y las comunidades locales sean los principales beneficiarios de sus recursos y reforzar la transparencia en las cadenas de suministro.

“Es hora de romper con el viejo patrón según el cual se extraen los recursos, el valor se capta en otros lugares y las comunidades empobrecidas se quedan atrás para hacer frente al daño medioambiental y socioeconómico. Y es hora de cerrar la brecha entre la soberanía reconocida de un Estado sobre sus recursos naturales y sus derechos soberanos en la práctica. En ningún lugar es más acusado este déficit de soberanía que en África, donde las consecuencias persistentes del colonialismo, unidas a los retos de gobernanza, sitúan a los Estados en una situación de gran desventaja a la hora de intentar captar o reinvertir el valor que encierran sus recursos naturales”.

Guterres concluyó que transformar la gestión de los recursos naturales es una decisión política indispensable para reducir la desigualdad, fortalecer las instituciones y avanzar hacia una paz duradera.

Dos de cada cinco personas en América viven con un trastorno neurológico

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que cerca de 470 millones de personas, es decir, dos de cada cinco habitantes de América, viven con al menos un trastorno neurológico, como migraña, accidente cerebrovascular, epilepsia o enfermedad de Alzheimer.

Un estudio publicado en la edición regional de The Lancet revela que, aunque las muertes por estas enfermedades han disminuido desde 1990, cada vez más personas sobreviven y viven durante años con discapacidad. Solo en 2023, estos trastornos causaron 1,1 millones de muertes y representaron una de las principales causas de pérdida de salud en el continente.

La OPS señala que el envejecimiento de la población está impulsando un aumento de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, mientras que la migraña sigue siendo la principal causa de discapacidad entre los trastornos neurológicos.

El organismo también subraya que una parte importante de estos casos podría prevenirse controlando factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y la contaminación ambiental. 

Ante este panorama, insta a reforzar la prevención, ampliar los servicios de rehabilitación y garantizar cuidados de largo plazo para responder a una demanda que seguirá creciendo.

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El hambre disminuye, pero el progreso sigue siendo desigual

El hambre en el mundo se redujo por tercer año consecutivo en 2025, aunque el avance sigue siendo lento y muy desigual entre regiones, según el informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición elaborado por cinco agencias de Naciones Unidas. 

El año pasado, 645 millones de personas padecieron hambre, casi 43 millones menos que en 2022.

Los mayores avances se registraron en Asia y en América Latina y el Caribe, según apuntó el economista jefe de la FAO, Máximo Torero. 

“Las mayores mejoras se han registrado en Asia y América Latina y el Caribe, fundamentalmente en Sudamérica, impulsadas por un mayor crecimiento económico, la moderación de la inflación de alimentos, la ampliación de la protección social y las inversiones sostenidas en sistemas agroalimentarios más productivos y resilientes, que han mejorado tanto la disponibilidad de alimentos como el acceso a ellos (…) Estos avances demuestran que es posible reducir el hambre cuando las políticas económicas, las inversiones en los sistemas agroalimentarios y la protección social actúan de manera coordinada». 

En cambio, África concentra ahora la mayor carga del hambre mundial, con 309 millones de personas afectadas. Además, casi un tercio de la población mundial aún no puede permitirse una dieta saludable.

El informe advierte de que los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y los recortes en la financiación para el desarrollo y la ayuda humanitaria ponen en riesgo estos avances. 

Israel intensifica los ataques en Gaza

La Oficina de Derechos Humanos denunció este martes un recrudecimiento de los ataques del Ejército israelí en Gaza, que en los últimos días han dejado decenas de muertos y heridos, incluidos mujeres y niños. 

En su encuentro con la prensa en Ginebra, el portavoz del organismo subrayó que los bombardeos han alcanzado viviendas, una tienda que albergaba a personas desplazadas y otras zonas densamente pobladas.

“En uno de estos ataques, perpetrado contra un apartamento en la ciudad de Gaza, murieron cinco miembros de una misma familia: ambos padres y tres hermanos, que, según se informa, tenían 8, 15 y 17 años. La muerte de civiles en estos ataques suscita preocupación por las continuas violaciones del derecho internacional humanitario, los crímenes de guerra y otros posibles crímenes atroces cometidos en Gaza. Mientras tanto, la población palestina de Gaza sigue atrapada en una zona cada vez más reducida, con la “línea amarilla” desplazada constantemente hacia el oeste por parte de la potencia ocupante israelí, lo que supone una amenaza constante para la vida, ya que el Ejército israelí parece disparar de forma habitual contra los palestinos por el mero hecho de encontrarse en las proximidades de dicha línea, en violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, declaró Thameen Al-Kheetan.

La oficina del Alto Comisionado ha verificado la muerte de 685 palestinos entre octubre de 2025 y mediados de abril de este año, entre ellos 283 mujeres y menores.

El organismo pidió a la comunidad internacional actuar con urgencia para garantizar el respeto del alto el fuego, poner fin a las violaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas.

Garantizar un refugio seguro, la prioridad un mes después de los terremotos en Venezuela

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este martes de que miles de familias venezolanas siguen viviendo junto a sus viviendas destruidas un mes después de los terremotos que sacudieron el país. 

Tras visitar las zonas más afectadas, la directora de Respuesta Humanitaria y Recuperación de la agencia, Maria Moita, aseguró que la necesidad más urgente continúa siendo garantizar refugio seguro para la población.

“Muchas personas siguen viviendo junto a edificios derrumbados o gravemente dañados, con la esperanza de que aún se pueda rescatar a sus seres queridos o tratando de salvar las pocas pertenencias que les quedan. El impacto emocional es enorme. Muchas personas sufren traumas, ansiedad e incertidumbre sobre lo que les deparará el futuro. Tanto los niños como los padres y las personas mayores necesitan no solo refugio y asistencia básica, sino también apoyo psicosocial continuado que les ayude a empezar a recuperarse”.

Hasta ahora, la OIM gestiona cinco refugios temporales y ha prestado asistencia a más de 8000 personas. Para ampliar la respuesta y apoyar a 850.000 afectados, el organismo necesita 98 millones de dólares. 

La agencia subrayó que la recuperación no puede esperar al final de la emergencia y pidió a la comunidad internacional mantener su apoyo a Venezuela para que las familias puedan comenzar a reconstruir sus vidas cuanto antes.

La ruta migratoria hacia las Canarias sigue siendo una de las más mortíferas

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación tras varios naufragios la semana pasada frente a la costa de Mauritania, donde 144 personas han muerto o permanecen desaparecidas después de intentar la peligrosa travesía marítima desde África occidental hacia Europa.

Entre el 14 y el 18 de julio, las autoridades mauritanas y organizaciones humanitarias lograron rescatar y desembarcar con vida a 387 personas en la ciudad de Nuadibú.

“Los pasajeros de una de las embarcaciones rescatadas el 18 de julio habían vivido una tragedia especialmente grave: se confirmaron 143 fallecidos en el lugar de los hechos y solo 38 supervivientes tras pasar casi 25 días a la deriva en el Atlántico, tras haber partido de Gambia con la intención de llegar a España. Entre los supervivientes de esa embarcación se encontraban dos niños que habían perdido a todos sus familiares durante el viaje y que ahora se están recuperando en el hospital junto con otros supervivientes” declaró el portavoz Matthew Saltmarsh.

ACNUR advirtió de que la ruta atlántica hacia las Islas Canarias sigue siendo una de las más mortíferas del mundo debido a las largas distancias, las condiciones extremas del océano y el uso de embarcaciones precarias y sobrecargadas.

Aunque las llegadas por mar a Europa han disminuido este año, la agencia recordó que las muertes y desapariciones en el mar continúan a niveles alarmantes. 

Por ello, pidió reforzar las vías legales y seguras para migrar, ampliar los programas de reasentamiento y abordar las causas que obligan a miles de personas a emprender estos viajes de alto riesgo.

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