La disposición de lesa majestad del código penal de Tailandia prohíbe difamar, insultar o amenazar a la familia real y conlleva severos castigos para los culpables.
“Hemos enfatizado repetidamente que las leyes de lesa majestad no tienen cabida en un país democrático”, dijeron los expertos.
“Su aplicación cada vez más dura ha tenido el efecto de enfriar la libertad de expresión y restringir aún más el espacio cívico y el disfrute de las libertades fundamentales en Tailandia”, agregaron.
En un comunicado de prensa , los expertos también dijeron que estaban alarmados porque Anchan Preelert, un ex funcionario de 60 años, había sido sentenciado a más de 43 años de prisión por insultar a la familia real. Se cree que la sentencia es la más dura del país según las disposiciones de lesa majestad, por haber publicado, según los informes, clips de audio que criticaban a la monarquía en su página de Facebook entre 2014 y 2015.
El caso de la Sra. Preelert fue planteado por primera vez por expertos independientes de la ONU en 2016. Inicialmente fue juzgada en un tribunal militar y sentenciada a 87 años de prisión. Su sentencia se redujo a la mitad cuando confesó las presuntas violaciones después de que su caso fuera transferido a un tribunal civil a mediados de 2019. La decisión está siendo apelada.
“Instamos al tribunal de apelación a que reconsidere el caso de Anchan Preelert de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y anule la dura sentencia”, dijeron los expertos en derechos.
Incluso menores acusados
Según los expertos, dado que los activistas a favor de la democracia se han movido en gran medida hacia la defensa en línea a la luz de la pandemia de COVID-19 , las autoridades han comenzado a hacer cumplir las disposiciones de lesa majestad de manera más estricta e incluso han acusado a los menores de estos graves cargos por ejercer su libertad de expresión. .
“Estamos profundamente preocupados por el aumento reportado en el número de juicios de lesa majestad desde finales de 2020 y las penas de prisión más severas”, dijeron.
Figuras públicas ‘sujeto legítimo’ a la crítica
Si bien subrayaron el diálogo constructivo en curso con el Gobierno sobre este tema, los expertos dijeron que, según el derecho internacional de los derechos humanos, las figuras públicas, incluidas las que ejercen la máxima autoridad política, como los jefes de Estado, son legítimamente objeto de críticas.
“El hecho de que algunas formas de expresión puedan ser consideradas ofensivas o impactantes para una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas tan severas”, dijeron.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que revisen y deroguen las leyes de lesa majestad, retiren los cargos contra todos aquellos que actualmente enfrentan procesos penales y pongan en libertad a quienes han sido encarcelados por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica ”, Dijeron los expertos.
Entre los expertos en derechos humanos que expresaron su preocupación se encuentran los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión , y sobre los derechos de reunión pacífica y asociación ; así como los miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias .
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos . Los expertos trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.