El 6 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, anunció que Estados Unidos suspendería de inmediato los acuerdos de cooperación de asilo que la administración del expresidente Donald Trump había disputado con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos acuerdos permitieron a Estados Unidos expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo centroamericanos a los países vecinos de la región, independientemente de si esos países tenían la capacidad de protegerlos.
Solo el acuerdo de Guatemala se implementó, y Estados Unidos envió a menos de 1,000 hondureños y salvadoreños allí antes de que la pandemia de Covid-19 hiciera que las transferencias se detuvieran en marzo de 2020. Muchos de los transferidos rápidamente perdieron la esperanza de una audiencia de asilo justa en Guatemala. por sí solos cualquier sentido que pudieran estar protegidos allí mientras sus reclamaciones estuvieran pendientes.
Human Rights Watch conoció a “Celia D.”, una mujer hondureña que viajó a Estados Unidos con su hija de 12 años para buscar asilo. Nos dijo que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos la habían separado de su hijo y los habían mantenido en celdas separadas, una violación de los estándares de detención de CBP. Un funcionario de inmigración le dijo que eligiera entre la deportación a su país de origen o ser enviada a Guatemala. Ella respondió: «Ninguno», pero los agentes llevaron a Celia ya su hija a un avión.
Desembarcaron en Guatemala, donde pasaron horas en la pista del aeropuerto sin comida ni agua. A Celia solo le dijeron que tendría 72 horas para decidir si pedir asilo en Guatemala o salir del país. Dijo a Human Rights Watch que tenía miedo de quedarse en Guatemala y que planeaba regresar a Honduras con su hija, a pesar del temor de ser atacada allí.
El año pasado, Human Rights Watch emitió un informe con Refugees International que describía un sistema de asilo disfuncional en Guatemala que no cumplía con el estándar legal de Estados Unidos para un «tercer país seguro»: la capacidad de brindar «acceso a un [asilo] completo y justo». procedimiento.» De hecho, un cable de la embajada estadounidense escrito mientras se negociaba el acuerdo de cooperación informó que Guatemala no había procesado ni un solo caso de asilo en más de un año.
Los acuerdos de cooperación en materia de asilo fueron una farsa: una clara elusión de las obligaciones de Estados Unidos de proteger a los refugiados, lo que pone vidas en peligro. Su desaparición es un primer paso para construir una política de asilo humana y justa en los Estados Unidos.