La refugiada burundiana Velarie Ntahonicaye y su familia posan frente a su casa en el campo de refugiados de Kigoma, Tanzania, abril de 2019. © ACNUR / Clemence Eliah
El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto con 33 socios, está solicitando 222,6 millones de dólares para proporcionar la asistencia humanitaria que tanto necesitan más de 315.000 refugiados burundeses durante 2021.
Durante casi siete años, Tanzania, Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo han acogido generosamente a refugiados de Burundi. Si bien la transición política del año pasado ha traído la esperanza de que más refugiados puedan regresar a sus hogares, la mayoría de los burundeses seguirá necesitando protección internacional a lo largo de 2021.
El llamamiento de financiación de este año, el Plan Regional de Respuesta a los Refugiados de Burundi 2021 , busca un apoyo fundamental para la provisión de alimentos, refugio y educación, así como el acceso a la atención médica y el agua, que son particularmente necesarios para garantizar medidas de prevención y respuesta relacionadas con la pandemia del coronavirus .
“Un mayor apoyo internacional es crucial para garantizar que los refugiados de Burundi reciban una protección y atención significativa en los países vecinos”, dijo Clementine Nkweta-Salami, Directora Regional del ACNUR para la región del Este, el Cuerno de África y los Grandes Lagos. “La asignación de recursos es una señal importante de que el mundo no se ha olvidado de los refugiados burundeses y sus comunidades de acogida”.
El llamamiento incluye requisitos de financiación para intensificar el retorno voluntario, seguro y digno de quienes opten por repatriarse, y se complementa con un Plan Conjunto de Retorno y Reintegración de Refugiados , que cubre la recepción y el seguimiento de los repatriados, y el apoyo para ayudarlos a reintegrarse en Burundi.
En 2020, la respuesta a la situación de los refugiados en Burundi fue una de las más subfinanciadas a nivel mundial, con un llamamiento de 293 millones de dólares del año pasado con solo un 40% de financiación. Las consecuencias para la vida de los refugiados y sus comunidades de acogida fueron graves. Incluyeron recortes en las raciones de alimentos, refugios inadecuados, escasez de medicamentos y actividades de subsistencia insuficientes.
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