En comentarios al foro de Ginebra el jueves, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos insistió en que las restricciones a los manifestantes habían empeorado desde que las elecciones de agosto pasado devolvieron al presidente Alexander Lukashenko al cargo.
Esas protestas habían dado lugar a «arrestos y detenciones arbitrarias masivas» de manifestantes mayoritariamente pacíficos, junto con «cientos de denuncias de tortura y malos tratos», dijo la Sra. Bachelet, antes de señalar que «ni una de las cientos de denuncias por actos de tortura y malos tratos ”habían sido investigados.
El Alto Comisionado destacó la preocupación por las propuestas del Gobierno que, según se informa, «permitirían castigos más duros» para quienes participaran en manifestaciones pacíficas a partir de ahora.
Hasta la fecha, casi 250 personas han recibido sentencias de prisión por cargos presuntamente motivados por motivos políticos en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020, dijo Bachelet.
Crisis de derechos humanos ‘sin precedentes’
El informe del ACNUDH “cubre graves violaciones” de derechos entre el 1 de mayo y el 20 de diciembre del año pasado. “Los acontecimientos que se desarrollaron antes e inmediatamente después de las elecciones han provocado una crisis de derechos humanos de dimensión sin precedentes en el país”, agregó la Sra. Bachelet.
Todas las violaciones detalladas “cometidas con impunidad, crearon una atmósfera de miedo”, dijo, señalando el mayor deterioro desde diciembre.
Dijo que los periodistas eran cada vez más atacados, “y defensores de los derechos humanos tanto institucional como individualmente. La semana pasada, se llevaron a cabo registros a gran escala de defensores de los derechos humanos, periodistas y organizaciones como la Asociación de Periodistas de Bielorrusia y Viasna (un centro de derechos humanos con sede en Minsk), según se informa en relación con investigaciones penales por ‘desorden masivo’ ”. .
Libera a manifestantes inocentes
Dijo al Consejo que era “esencial para el futuro del país que se establezca el respeto por los derechos humanos y el espacio cívico más amplio posible. Todos los que han sido detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos deben ser puestos en libertad ”.
El jefe de derechos pidió «investigaciones exhaustivas, efectivas, creíbles y transparentes» de todas las denuncias de violaciones graves, y que los perpetradores comparezcan ante la justicia, así como el «fin inmediato» de la política gubernamental de hostigamiento e intimidación a la sociedad civil y trabajadores de los medios.
“Recomiendo además una reforma integral del marco legal nacional”, concluyó. «Nuestro informe incluye recomendaciones específicas, que abordan cuestiones sistémicas clave, incluso con respecto a juicios justos, el debido proceso y la independencia del poder judicial».