El escritor Mushtaq Ahmed murió el 25 de febrero después de ser trasladado a un hospital de la prisión para recibir tratamiento. Las autoridades han anunciado que investigarán su muerte, según un comunicado de prensa de la oficina de derechos humanos de la ONU ( ACNUDH ).
“El Gobierno debe garantizar que su investigación sobre la muerte de Ahmed sea rápida, transparente e independiente”, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Instó a las autoridades a realizar una revisión de la Ley de seguridad digital, en virtud de la cual se acusó al Sr. Ahmed; suspender su aplicación; y poner en libertad a todos los detenidos en virtud del mismo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y opinión.
“Varios organismos de derechos humanos de la ONU han expresado su preocupación por las disposiciones demasiado amplias y mal definidas de la Ley de Seguridad Digital que se han utilizado para castigar las críticas al gobierno”, dijo el Alto Comisionado.
La Sra. Bachelet también expresó su preocupación por los informes de que la policía presuntamente hizo un uso excesivo de la fuerza durante las protestas para exigir justicia por la muerte del Sr. Mushtaq, con informes de que 35 personas resultaron heridas y siete arrestadas.
Varios arrestados en virtud de la ley
El Alto Comisionado también expresó su profunda preocupación por las denuncias de que otro hombre detenido por cargos similares a los del Sr. Ahmed, el dibujante Ahmed Kishore , fue sometido a tortura u otros malos tratos.
Recordó a las autoridades su obligación de investigar con prontitud y eficacia las denuncias y garantizar su seguridad y bienestar.
Según el ACNUDH, el Sr. Ahmed y el Sr. Kishore estaban entre las 11 personas arrestadas en mayo del año pasado por supuestamente difundir información errónea sobre el COVID-19 o criticar la respuesta del Gobierno.
A los hombres se les negó repetidamente la libertad bajo fianza y permanecieron en prisión preventiva durante casi nueve meses antes de ser acusados oficialmente el 20 de enero de este año por publicar «propaganda, información falsa u ofensiva e información que podría destruir la armonía comunitaria y crear malestar», el Oficina anotó.
Fueron llevados ante un tribunal el martes de la semana pasada, donde el Sr. Kishore alegó que había sido sometido a tortura por dos oficiales del Batallón de Acción Rápida, agregó la Oficina. Según los informes, parecía visiblemente herido.
Las denuncias de abusos ‘una preocupación de larga data’
La oficina de derechos de la ONU también dijo que las denuncias de tortura y malos tratos por parte del Batallón de Acción Rápida han sido una preocupación de larga data.
El Comité contra la Tortura , un organismo independiente que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , recomendó en 2019 al Gobierno de Bangladesh que comisionara una investigación independiente sobre las denuncias de que miembros de la unidad habían llevado a cabo torturas y castigos. otros abusos de derechos, incluidos arrestos arbitrarios, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales «como una cuestión de política de rutina», agregó el ACNUDH.