Operado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el programa antiterrorista ofrece dinero para información sobre personas fuera del país, a quienes el Gobierno ha designado como asociadas con el terrorismo, aunque no han sido acusadas de ningún delito.
También ofrece incentivos económicos a los extranjeros que afirman tener vínculos terroristas, si cooperan con las autoridades estadounidenses.
“A muchas de las personas objetivo del programa Recompensas por la Justicia se les han negado sus derechos al debido proceso”, dijo Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, en una declaración respaldada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria .
Apuntando a los fugitivos
Ofrecer dinero a personas extranjeras, presuntamente involucradas o asociadas con actividades terroristas consideradas por Estados Unidos, incluidos Irán, Cuba y otros Estados, conlleva la amenaza de sanciones si no cooperan con las demandas de Washington.
Según los expertos de la ONU, estas sanciones violan varios derechos, incluido su derecho al trabajo, la libertad de movimiento, la reputación y la vida.
Además, no existe la posibilidad de acceder a la justicia para proteger estos derechos.
La Sra. Douhan sostuvo que, dado que esos derechos implican la presunción de inocencia y un juicio justo, que Estados Unidos está obligado a respetar según el derecho internacional, al ofrecer dinero a cambio de información para su captura, "el programa alienta a otros a participar en la negación de estos derechos". .
“Estas ofertas recuerdan a los carteles de buscados dirigidos a fugitivos de la justicia, fugitivos acusados de delitos o que tienen órdenes de arresto”, dijo.
Trabajo forzado
El Relator Especial argumentó que presionar a “una persona para que lleve a cabo tareas contra su voluntad bajo la amenaza de una sanción” equivale a trabajo forzoso, según se define en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tras señalar que Estados Unidos ha aceptado esa definición, recordó que “el trabajo forzoso está prohibido por tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que Estados Unidos ha ratificado”.
Respetar el derecho internacional en la lucha contra el terrorismo.
La Sra. Douhan instó respetuosamente al gobierno de los Estados Unidos a revisar su Programa de Recompensas por la Justicia "para asegurarse de que sus actividades estén alineadas con el derecho internacional".
La lucha contra el terrorismo … solo se hará con el debido respeto a los derechos humanos – Relator Especial
“La lucha contra el terrorismo es obviamente necesaria, pero solo se hará con el debido respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, de acuerdo con la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo ”, precisó.
La Relatora Especial ha planteado esto al gobierno de Estados Unidos, junto con otras cuestiones relacionadas con su mandato, pero hasta ahora no ha recibido respuesta, según el comunicado de los expertos.
Los relatores especiales y expertos independientes son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de un país. Sus puestos son honorarios y no se les paga por su trabajo.