Los huracanes son inevitables, las catástrofes no

El huracán Beryl, el más potente registrado en junio en el Atlántico, fue un poderoso recordatorio de cómo un solo ciclón tropical que toca tierra puede hacer retroceder años de desarrollo. Este huracán se vio impulsado por las cálidas temperaturas de los océanos y se intensificó rápidamente, un fenómeno cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático.

Pero entre la catástrofe también emergen algunos éxitos: se perdieron menos vidas a causa de Beryl en comparación con huracanes anteriores, como el huracán María en 2017. Este fue el resultado de años de inversión en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana por parte de las naciones del Caribe y del apoyo de organismos regionales e internacionales.

En un artículo de opinión publicado en el periodico Trinidad & Tobago Guardian, Kamal Kishore, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Elizabeth Riley, de la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres (CDEMA), y Celeste Saulo, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), hacen un llamamiento para continuar los esfuerzos para fortalecer los sistemas de alerta temprana de riesgos múltiples en el Caribe, y alcanzar así los objetivos de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos para 2027.

Por su interés, reproducimos aquí este artículo de opinión:

El huracán Beryl ha entrado en los libros de historia como el huracán más potente jamás registrado en el Océano Atlántico durante el mes de junio.

La aparición de una tormenta tan potente a principios de la temporada de huracanes era inevitable, ya que el cambio climático sigue creando fenómenos meteorológicos más extremos. Sin embargo, lo que no es inevitable es que la gente tenga que morir o sufrir a causa de estos fenómenos meteorológicos.

De hecho, una historia de éxito en medio de la destrucción infligida por el huracán Beryl en las islas del Caribe es que murieron menos personas en comparación con huracanes similares del pasado, como el huracán María en 2017 o el huracán Iván en 2004.

Este es el resultado de años de inversión en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana por parte de las naciones del Caribe y el apoyo de organismos regionales como la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres, la Organización Meteorológica del Caribe y el Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología, así como el Comité de Huracanes de la OMM y el Centro Meteorológico Regional Especializado designado por la misma para ciclones tropicales, operado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

El huracán Beryl ha causado estragos en la isla Unión, en San Vicente y las Granadinas.

© PMA/Fedel Mansour

Debemos seguir reforzando los sistemas de alerta temprana de riesgos múltiples en el Caribe, a través de esfuerzos como el recientemente anunciado proyecto de Sistemas de Alerta Temprana de Riesgos Climáticos (CREWS, por sus siglas en Ingles) Caribe 2.0, si queremos alcanzar los objetivos de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos a finales del año 2027.

Sin embargo, aunque las muertes por catástrofes siguen una tendencia a la baja, el coste de esto desastres naturales es cada vez mayor. El aumento de los costes sociales y económicos es un problema al que se enfrentan todos los países, pero que se deja sentir con mayor intensidad en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

Puede que pasen meses antes de que conozcamos el coste total de la catástrofe causada por el huracán Beryl, pero los primeros indicios apuntan a un desastre extremadamente costoso. Beryl afectó a más de 11.000 personas en las islas granadinas de Granada y San Vicente, trastornando vidas, medios de subsistencia y oportunidades vitales. En San Vicente y las Granadinas, según los informes, el 90% de las viviendas de Union Island quedaron destruidas o gravemente dañadas.

Mientras que algunos países pueden reducir su exposición a los desastres alejando los activos económicos de las costas, esto no es una opción para los pequeños estados insulares que están totalmente expuestos. Esto significa que su única opción viable es mejorar la resistencia social y económica, así como la resistencia física de sus hogares, empresas e infraestructuras.

Los países desarrollados deben cumplir las promesas que hicieron de duplicar la financiación para la adaptación al clima hasta al menos 40.000 millones de dólares al año para 2025 y capitalizar adecuadamente el Fondo de Pérdidas y Daños.

La recientemente adoptada Agenda de Antigua y Barbuda para los Pequeños Estados Insulares es un poderoso instrumento político que, junto con las asociaciones mundiales, como la Coalición para unas Infraestructuras Resistentes a los Desastres (CDRI), puede ser un recurso inestimable para estos países, apoyando la obtención de resultados en el marco de imperativos impulsados a nivel regional, como la Estrategia Integral de Gestión de Desastres en el Caribe. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha colaborado con la Coalición para ayudar a los países a poner a prueba sus sistemas de infraestructuras e identificar vulnerabilidades.

Y aunque la integración de la resiliencia en las nuevas infraestructuras añade alrededor de un 3% a los costes globales de inversión, esta cantidad es minúscula comparada con los beneficios a largo plazo obtenidos en la reducción de daños e interrupciones de servicios.

Los residentes de Isla Unión en San Vicente y las Granadinas abordan un ferry para llegar a un refugio y protegerse del huracán Beryl.

© PMA/Fedel Mansour

Un estudio del Global Center on Adaptation ha demostrado que las infraestructuras resilientes pueden generar hasta 12 dólares por cada dólar invertido.

A pesar de este gran rendimiento de la inversión, la financiación, incluida la de la recuperación resiliente, es una carga para muchos países en desarrollo, especialmente los citados estados insulares, que ya están cargados con grandes deudas y tienen un espacio fiscal limitado.

Por ello, los países desarrollados deben cumplir las promesas que hicieron de duplicar la financiación para la adaptación al clima hasta al menos 40.000 millones de dólares anuales para 2025 y capitalizar adecuadamente el Fondo de Pérdidas y Daños.

Esto es justo teniendo en cuenta que países como los del Caribe son los que menos han contribuido a crear la crisis climática, pero siguen pagando los mayores costes.

Esperamos que el verdadero legado del huracán Beryl no sea su fuerza récord o la cantidad de destrucción que causó, sino que fue un punto de inflexión para el mundo. Tenemos que pasar de aceptar pasivamente que se produzcan desastres a prevenirlas activamente invirtiendo en la reducción del riesgo de catástrofes. De lo contrario, todos los huracanes desembocarán inevitablemente en catástrofes.

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