La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Mohammed Deif (presuntamente muerto), por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023.
En dos decisiones separadas, los magistrados del máximo órgano criminal rechazaron por unanimidad las impugnaciones de desconocimiento del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la Corte, presentadas por el Estado de Israel, y ordenaron los mencionados arrestos de sus dos altos funcionarios.
El 26 de septiembre pasado, Israel había objetado la competencia de la Corte sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los nacionales israelíes específicamente, sobre la base del artículo 19(2) del Estatuto de Roma.
En esa ocasión, Israel también solicitó a la Corte que ordenara a la Fiscalía suspender cualquier investigación o procedimiento pertinente, como la evaluación de emitir órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant, presentada por la Fiscalía el 20 de mayo de este año.
La Corte señaló que no es necesario que Israel acepte su competencia de la Corte, ya que el tribunal puede ejercer sobre la base de la competencia territorial de Palestina.
Al ser Israel y Palestina partes de las Convenciones de Ginebra de 1949 y porque Israel ocupa al menos parte de Palestina, se aplicó el derecho internacional humanitario, explicó.
Asimismo, consideró que, de conformidad con el artículo 19(1) del Estatuto de Roma, los Estados no tienen derecho a impugnar la competencia de la Corte en virtud del artículo 19(2) antes de que se dicte una orden de arresto.
La inanición como método de guerra
Con respecto a dichas órdenes, los jueces indicaron haber encontrado “motivos razonables” para creer que Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant “son responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
La Corte también halló bases para pensar que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad penal, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil.
Las atrocidades se habrían perpetrado “al menos” desde el 8 de octubre de 2023 hasta “al menos” el 20 de mayo de 2024, detalló la instancia penal.
La Corte encontró “que la presunta conducta de Netanyahu y Gallant se refería a las actividades de los órganos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente contra los civiles en Gaza”. También subrayó la relación entre una potencia ocupante y la población en un territorio ocupado.
“Por estas razones, en lo que respecta a los crímenes de guerra, la Sala consideró apropiado emitir las órdenes de arresto de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales. La Sala también concluyó que los presuntos crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”.
Toma de rehenes
Sobre la orden de arresto a Mohammed Deif, a quien Israel asegura haber matado durante un bombardeo en julio pasado, la Corte argumentó que, “al menos” desde el 7 de octubre de 2023 sería responsable “de los crímenes contra la humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como de los crímenes de guerra de asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal y violación y otras formas de violencia sexual”.
El tribunal informó que inicialmente estudió la emisión de órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamas: Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, pero que al haberse confirmado la muerte de ambos, cerró sus expedientes.
La Corte aclaró que si bien las órdenes de arresto se clasifican como secretas para facilitar las investigaciones, en los casos de Netanyahu, Gallant y Deif decidió hacerlas públicas en interés de las víctimas y sus familias.