Los agentes no distinguieron entre los manifestantes principalmente pacíficos y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta, según el estudio.
El informe es el resultado de una misión del ACNUDH a la capital peruana, Lima, del 17 al 22 de noviembre de 2020, por invitación del Gobierno.
Dijo que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y botes de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de las personas, de forma indiscriminada y de cerca. Dos personas murieron y más de 200, incluidos transeúntes, resultaron heridas.
Reconocimiento ‘un primer paso’
“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente, y las reuniones solo pueden dispersarse en casos excepcionales”, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Señaló que la fuerza letal solo se puede utilizar contra personas específicas para hacer frente a una amenaza de muerte inminente.
La Sra. Bachelet subrayó que todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas de manera inmediata, independiente y exhaustiva. También era importante que el Gobierno reconociera públicamente que se habían cometido violaciones, agregó.
“El reconocimiento de las irregularidades es el primer paso hacia la responsabilidad y evitar la repetición. El Gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones a favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos ”, dijo el jefe de derechos humanos de la ONU.
Investigar todas las acusaciones
El informe también concluyó que personas habían sido arrestadas y detenidas arbitrariamente en las protestas, mientras que periodistas y defensores de derechos humanos sufrieron amenazas y ataques.
“Realmente espero que las autoridades, tanto del Gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, dijo la Sra. Bachelet. “El Estado también debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición”.