(Ciudad de México) – El Senado de México debe garantizar la protección de las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia, dijo hoy una coalición de grupos de derechos humanos. Se espera que el Senado vote pronto sobre enmiendas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El borrador inicial de la ley, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2020, no incluyó las medidas necesarias para extender sus protecciones a las mujeres con discapacidad.
“El Senado de México tiene la oportunidad de dejar en claro su compromiso con la protección igualitaria de las mujeres con discapacidad que han sobrevivido a la violencia”, dijo Maryangel García Ramos Guadiana, de Mexicanas con Discapacidad [Mujeres mexicanas con discapacidad]. “Debe votar a favor de enmiendas que garanticen el acceso a la protección, la justicia y los servicios a todas las mujeres por igual.
El 5 de febrero de 2021, la coalición presentó recomendaciones de enmiendas a la ley a la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado. Las recomendaciones piden garantizar que el proyecto de ley incluya disposiciones sobre adaptaciones para mujeres con discapacidades; principios rectores para abordar la discriminación interseccional, es decir, la discriminación basada en más de una característica; medidas para garantizar que las mujeres con discapacidad puedan escapar de sus agresores; así como los requisitos para que los Centros de Justicia para la Mujer proporcionen medios de comunicación accesibles a las mujeres que lo necesiten.
Los grupos son Human Rights Watch; el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad [Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Crianza]; Equis: Justicia para las Mujeres [Equis: Justicia para las Mujeres]; Documenta; Mexicanas con Discapacidad; Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad [Instituto Mexicano de Sexualidad en Discapacidad]; Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, AC [Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad]; y Yo También AC
La investigación de Human Rights Watch y otros ha encontrado que la mayoría de los refugios y otros servicios para sobrevivientes de violencia son inaccesibles para personas con discapacidades. Según un estudio oficial del Instituto Nacional de la Mujer, el 80 por ciento de los refugios de violencia doméstica no son completamente accesibles para mujeres con discapacidades. Los refugios en México incluyen 44 Centros de Justicia para Mujeres, que brindan servicios adicionales. En un informe de junio de 2020, Human Rights Watch descubrió que muchos de ellos no eran accesibles.
Actualmente no existen requisitos legales específicos para que los centros de justicia u otros refugios sean accesibles. Las enmiendas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una forma de cambiar eso, dijeron los grupos.
“El gobierno mexicano promueve el mensaje ‘No estás sola’ a través de los medios de comunicación en un esfuerzo por tranquilizar a las mujeres que sufren violencia de que hay apoyo disponible para ellas”, dijo Katia D´Artigues, fundadora de Yo También , una organización que promueve la derechos de las personas con discapacidad. «Sin embargo, para las mujeres con discapacidades, esta frase suena hueca porque la mayoría de los servicios son inaccesibles».
“La accesibilidad significa mucho más que una rampa en la entrada de un refugio”, dijo Carlos Ríos Espinosa , investigador principal de derechos de las personas con discapacidad y defensor de Human Rights Watch. “Las mujeres con discapacidad, incluidas aquellas que requieren apoyo en tareas esenciales, deben tener igual acceso a refugios y protección. Para algunos, esto significa que los refugios deben brindar apoyo a las personas para que puedan dejar a su abusador ”.
La investigación de Human Rights Watch encontró en 2019 y 2020 que las mujeres con discapacidades pueden verse atrapadas en situaciones violentas porque dependen de sus abusadores para recibir apoyo en las tareas de la vida diaria, la vivienda y el apoyo económico.
“Las mujeres con discapacidades que sobreviven a la violencia pueden enfrentar serios obstáculos a los servicios y la justicia debido a la inaccesibilidad de la información y la comunicación”, dijo Yereli Rolander, del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad.
Rolander desarrolló la primera aplicación de telefonía móvil para mujeres con discapacidad víctimas de violencia en México, llamada App Morada , que les permite obtener información sobre servicios en formatos accesibles.
Las enmiendas propuestas también garantizarían la accesibilidad en el sistema de justicia penal, algo que actualmente está gravemente subdesarrollado o ausente en muchos estados de México. Según un informe de 2015 de Equis: Justicia para las Mujeres, una organización principal por los derechos de las mujeres, la mayoría de los estados de México no brindan capacitación a los funcionarios judiciales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Solo 9 de los 32 estados brindan algún tipo de capacitación pero, incluso en los que lo hacen, la capacitación no es extensa. Por ejemplo, eran solo 12 horas al año en la Ciudad de México en 2015.
“El gobierno mexicano no ha garantizado el acceso a la justicia para muchas mujeres en México y, de muchas maneras, ha dejado completamente fuera a las mujeres con discapacidad”, dijo Fátima Gamboa, codirectora de Equis. “Las enmiendas propuestas garantizarían adaptaciones procesales para las mujeres con discapacidad para que puedan participar por igual en investigaciones, audiencias, juicios y otros pasos esenciales para acceder a la justicia”.
Las mujeres con discapacidad también pueden sufrir discriminación por parte de la policía, los investigadores u otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“Los funcionarios de justicia a menudo cuestionan la capacidad de las mujeres con discapacidad para tomar decisiones o hablar claramente sobre la violencia que han experimentado, negándoles incluso la oportunidad de presentar una denuncia”, dijo Diana Sheinbaum, directora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad en Documenta. «El proyecto de ley puede cambiar esto al dejar perfectamente clara la obligación de las fuerzas del orden de garantizar que las mujeres con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones con otras mujeres».