Las autoridades moldavas deben rectificar urgentemente su falta de identificación y enjuiciamiento de los implicados en la escandalosa entrega ilegal de siete ciudadanos turcos en septiembre de 2018, a petición del gobierno cada vez más represivo de Recep Tayyip Erdogan, ha dicho Amnistía Internacional. El 8 de marzo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa considerará la implementación del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso.
El 6 de septiembre de 2018, agentes del Servicio de Seguridad e Información de Moldavia (SIS) detuvieron a siete miembros del personal de la escuela secundaria turca Orizont en Chișinău, cuyas solicitudes de asilo político habían sido rechazadas en los días anteriores. Al día siguiente, las personas fueron entregadas a las autoridades turcas en una operación secreta de entrega.
El 11 de junio de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que las autoridades moldavas habían violado los derechos de los ciudadanos turcos a la libertad y la seguridad, así como el respeto por la vida familiar.
“El gobierno de Moldavia hizo poco en la práctica para implementar el fallo del TEDH en el caso de Ozdil y otros c. Moldavia . Las autoridades del país aún tienen que responsabilizar plenamente a todos los responsables de las entregas o proporcionar una reparación efectiva a los miembros del personal de la escuela secundaria turca de Orizont , que fueron trasladados en secreto e ilegalmente a Turquía, donde fueron arrestados de inmediato. Además, por lo que podemos ver, hay pocas garantías de que no se produzcan violaciones similares de derechos humanos en el futuro ”, dijo Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central.
“Las autoridades moldavas deben realizar una investigación nueva, completa, exhaustiva e imparcial de estas entregas secretas con carácter de urgencia y publicar sus conclusiones. Deben identificar y llevar ante la justicia a todos los sospechosos razonables de participación o complicidad en esta operación ilegal, incluidos los agentes del servicio de seguridad y otros funcionarios. La información sobre este caso debe ser desclasificada en la mayor medida posible para garantizar la equidad y transparencia en la investigación, y para aprender lecciones que garanticen que no vuelva a suceder ”.
Fondo
La determinación del TEDH el 11 de junio de 2019 de que las acciones del SIS y la Oficina de Migración y Asilo del país eran ilegales llevó al inicio de una causa penal en Moldavia en agosto de 2019.
El ex director del SIS, Vasile Botnari, es el único funcionario moldavo acusado penalmente de «abuso de poder» en este caso. Se declaró culpable y fue multado con 88.000 lei (5.000 dólares estadounidenses) el 16 de septiembre de 2020.
Entre las personas devueltas por la fuerza a Turquía se encontraba la directora de Orizont, Rıza Doğan. La operación de entrega se llevó a cabo en secreto y el gobierno moldavo admitió que los detenidos fueron trasladados a Turquía seis semanas después.