La semana pasada, 176 personas fueron detenidas durante las protestas pacíficas que conmemoraban el Día de la Libertad el 25 de marzo, un feriado no oficial, informaron, y siete periodistas se encontraban entre las más de 240 personas detenidas días después.
Las protestas y manifestaciones masivas han continuado desde que las controvertidas elecciones presidenciales de agosto llevaron a Alexander Lukashenko al poder. La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución condenando los abusos de las libertades fundamentales y las múltiples violaciones de derechos.
Silenciando toda disidencia
Los expertos dijeron en un comunicado que estaban alarmados por el alto número de presuntas detenciones y detenciones arbitrarias "que demuestran un patrón continuo de brutalidad policial contra los manifestantes". También les preocupaba que las fuerzas de seguridad no rindieran cuentas por el uso excesivo de la fuerza en torno a la votación de agosto pasado.
“Nos preocupa profundamente que, en lugar de llevar a los perpetradores ante la justicia, las autoridades estén buscando arbitrariamente silenciar todas las formas de disidencia, a través de violencia injustificada, intimidación y, cada vez más, presentando cargos penales contra quienes ejercen sus derechos fundamentales o defienden a las víctimas de derechos humanos violaciones de derechos ”, dijeron en un comunicado.
Una tendencia preocupante
Los expertos de la ONU también señalaron lo que describieron como una tendencia preocupante, ya que, según informes, muchos periodistas y defensores de los derechos humanos fueron acosados y detenidos mientras cubrían manifestaciones el año pasado.
Enfatizaron que la prohibición de la tortura y otros tratos crueles o inhumanos “no se limita a los actos realizados contra las personas privadas de libertad, sino que también cubre la violencia policial excesiva, como durante la detención y el control de reuniones”.
Mientras tanto, los informes indican que el Comité de Investigación de Belarús, un órgano de supervisión del Estado, ha considerado que el uso de la violencia por parte de las fuerzas del orden está justificado y proporcionado, y no se ha acusado a ningún agente en relación con las denuncias de tortura y malos tratos cometidos el año pasado.
Responsabilidad una obligación
“Garantizar la rendición de cuentas institucional y personal por las violaciones de derechos humanos es una obligación de los Estados según el derecho internacional”, dijeron los expertos. “El no hacerlo no solo perpetúa la cultura imperante de impunidad, sino que incluso puede equivaler a complicidad criminal en delitos graves”.
Los 10 expertos incluyen al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, así como al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Fueron nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene su sede en Ginebra, y no son personal de la ONU ni la Organización les paga.