La región que se extiende desde Panamá hacia el norte hasta los Estados Unidos es un corredor importante para la migración no autorizada. En los últimos años, la mayoría de las personas en movimiento provienen de Guatemala, Honduras y, en menor medida, El Salvador. Pero también ha habido un número creciente de migrantes de fuera de la región que pasan por Centroamérica en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México. En medio de estos patrones migratorios cambiantes, los países de esta región tienen una oportunidad sin precedentes de trabajar juntos para sentar las bases de un sistema migratorio regional que privilegia el movimiento seguro, ordenado y legal.
Un primer paso fundamental para aprovechar esta oportunidad es comprender las capacidades institucionales, los marcos legales y las políticas de migración y asilo de estos países. Este informe hace un balance de estos elementos de los sistemas de gestión de la migración en México y América Central, extrayendo conocimientos en parte de entrevistas con más de 75 formuladores de políticas, líderes de la sociedad civil y otras partes interesadas.
En los últimos años, según el análisis, México y Costa Rica han tomado medidas para aprovechar sus instituciones migratorias existentes para mejorar la capacidad operativa, aunque persisten desafíos notables. Mientras tanto, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá se encuentran en etapas iniciales de este proceso. En toda la región, las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en el apoyo a estos esfuerzos, mientras que la sociedad civil es vital para ampliar el acceso de los migrantes a los mecanismos de protección y apoyos para la reintegración.
Entre las áreas principales que el informe identifica como importantes para los esfuerzos de creación de capacidad se encuentran: el desarrollo de procesos claros de formulación de políticas migratorias; profesionalizar los esfuerzos de aplicación de las leyes fronterizas y de inmigración, con énfasis en la transparencia y sensibilidad a las circunstancias de las familias, los niños y otros migrantes vulnerables; e invertir en sistemas de asilo, mecanismos de protección para las personas desplazadas dentro de los países y programas de reintegración para los migrantes que regresan. Dichos esfuerzos, señalan los autores, no solo ayudarían a los gobiernos de la región a abordar de manera más eficaz los problemas migratorios actuales, sino que también prometen equiparlos mejor para responder de manera proactiva a los desafíos futuros.
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